El segundo aniversario de la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos y en el momento más estricto del aislamiento obligatorio por el Covid-19, tiene virtualmente terminados sus efectos judiciales, pero sigue erosionando al Gobierno por sus consecuencias políticas.
El 14 de julio de 2020, con la Argentina virtualmente paralizada para reducir la cadena de contagios que causaron más de cien mil muertes por efecto de la pandemia, Yáñez celebró su cumpleaños con una cena a la que asistieron 11 personas, entre ellas el presidente, Alberto Fernández.
El resto de los comensales fueron Emmanuel López; su pareja, Fernando Consagra; las hermanas Rocío y Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso y Stefanía Domínguez, Sofía Pacchi, Federico Abraham y Carolina Marafioti, todos vinculados con Yáñez.
Según el sitio web Chequeado.com, los invitados se retiraron de la Quinta Presidencial alrededor de las dos de la madrugada del día siguiente.
La filtración de las fotografías y los videos de la celebración fueron una de las causas de la derrota electoral del Frente de Todos en las elecciones de medio término de 2021, según un análisis de opinión pública de los que dispone el Gobierno.
Del total de los asistentes a la celebración, sólo tres permanecen con riesgo de ser condenados: las hermanas Fernández Peruilh y Stefanía Domínguez, quienes ya fueron indagadas por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.
Todos los demás, incluso Sofía Pacchi, ex asesora de Yáñez – quien también fue indagada-, ofrecieron una «reparación integral del daño» causado con la asistencia a la fiesta de cumpleaños.
La propia cumpleañera y el Presidente adoptaron ese mecanismo, mediante el cual terminaron desembolsando tres millones de pesos que fueron entregados a hospitales e instituciones sanitarias.
Lo hicieron después de que la Justicia rechazara, en el caso de Alberto Fernández, una presentación en la que consideraba que su conducta había sido «atípica» y, por lo tanto, no punible porque no se había propagado el virus en esa reunión.
El resto de los asistentes pagaron en concepto de reparación cifras de entre 200 mil y 250 mil pesos, también a instituciones sanitarias.
La oferta de Pacchi, de 250 mil pesos, aún no fue homologada por el juez y por el fiscal Fernando Domínguez.
En todos los casos, una vez que el juez Mirabelli acepte los acuerdos y acreditado el cumplimiento de lo estipulado en ellos, los imputados quedarán sobreseídos por aplicación de uno de los mecanismos alternativos a la solución de conflictos judiciales.
