Con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, a la cabeza, el kirchnerismo duro juntó una cantidad importante de votos «no positivos» que le sacaron brillo a la media sanción pactada entre el peronismo referenciado en el Gobierno de Alberto Fernández y Juntos por el Cambio.
Semanas atrás, el diputado del Frente Patria Grande Itai Hagman fue reprendido tanto por Kirchner como por su reemplazante en la presidencia de la bancada oficialista, Germán Martínez, por haber revelado a la prensa que cerca de 30 diputados del Frente de Todos tenían pensado darle la espalda al proyecto.
Pecó de poco conocedor de la dinámica interna del peronismo, a raíz de su aún escasa trayectoria legislativa, pero el economista cercano a Juan Grabois fue rápidamente indultado y es, de hecho, un integrante muy valorado en el kirchnerismo por su sólida formación académica y su habilidad para comunicar y argumentar en los debates.
Lo cierto es que Hagman se quedó bastante corto en la cuenta porque finalmente fueron 41 votos repartidos entre rechazos (28) y abstenciones (13), una cifra total mayor a la que se preveía.
A la veintena de diputados de La Cámpora se sumaron los tres diputados del Frente Patria Grande (Hagman se abstuvo al igual que Federico Fagioli y Natalia Zaracho), las abstenciones de los «dipusindicales» Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Pablo Carro, Claudia Ormachea y Vanesa Siley, y los rechazos de los dos diputados de la Corriente Clasista Combativa Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva).
El acuerdo con el FMI fue, a su vez, rechazado por el radical K del Instituto Patria Leopoldo Moreau, la referente kirchnerista de Nuevo Encuentro Mónica Macha, la porteña Gisela Marziotta, y la bonaerense Agustina Propato (esposa de Sergio Berni), entre otros, mientras que el ex ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, se abstuvo.
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Los argumentos de por qué votaron de esa manera.
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En un largo documento PDF de 15 carillas que se difundió desde el despacho de Máximo Kirchner, titulado «La vuelta del FMI a la Argentina», el kirchnerismo duro fundamentó los motivos por los cuales ese espacio del oficialismo optó por darle la espalda al proyecto de ley que con tantas ansias impulsaban Alberto Fernández y Martín Guzmán.
«Resulta completamente desatinado aplicar un plan de ajuste en las actuales circunstancias del país», alerta en las conclusiones el texto.
También advierte que «la aplicación de las políticas del presente acuerdo no sólo no van a solucionar ninguno de los problemas estructurales de la economía bimonetaria argentina, (sino que) los van a agravar».
Se aclara que «el problema no es firmar con el FMI» porque: «Está claro que si tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, tenemos que firmar un acuerdo con ese organismo».
«El problema, entonces, no es firmar. El problema es QUÉ se firma», resaltan.
Según afirman, «el reconocimiento de deuda obliga a abordar el tema más importante: quién va a pagar esta deuda contraída en forma tan irregular cuando, además, buena parte de la misma, fue fugada del país».
«Para ello el Estado argentino, en sus tres poderes, cuenta con la suficiente información para elaborar alternativas justas y equitativas que impidan descargar sobre las espaldas del pueblo argentino, una vez más, el peso de una deuda que sólo aprovechan ínfimas minorías», señalan en el documento.
Frente a las versiones sobre una supuesta extinción de la causa penal contra la administración de Mauricio Macri por el endeudamiento «irregular» de 2018 con el FMI, le marcan la cancha al Gobierno al sostener que «el reconocimiento de deuda» convalidado en el acuerdo con aval legislativo «no implica olvido de las responsabilidades que se están discutiendo en sede penal».
«También exigirá una actitud y un concepto diferente de estrategias de negociación en el marco de aquella revisión», aseveran.
En el «paper» también se habla de «cesión de soberanía» y de «cogobierno» con el FMI por las revisiones trimestrales del organismo y la aplicación de políticas de ajuste, y se agrega que el acuerdo no «asegura la sostenibilidad» del endeudamiento luego de 2025, momento en el que, una vez cumplido el período de gracia, se inicia la etapa de repago del endeudamiento con el FMI, casi en sumultáneo en que comienzan a pagarse las amortizaciones de deuda a los acreedores privados».
Por último, destacan que el acuerdo «no releja la corresponsabilidad» del FMI en el financiamiento de la fuga de capitales entre 2018 y 2019″.
«Esto no es meramente simbólico sino que implica de manera directa que el organismo no haya realizado mayores esfuerzos para brindarnos un ´mejor´ acuerdo», agregan.
«El eventual fracaso de este acuerdo tendría nuevamente al FMI resguardado de responsabilidad y al Gobierno argentino como responsable», finalizan.
