El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pidió la «revocatoria» de la decisión del juez Roberto Gallardo de suspender el sistema de reconocimiento facial callejero de prófugos tras detectar que mediante ese sistema se consignaron datos de unos diez millones de personas que no revestían esa condición.
Mediante un escrito de 33 páginas, el gobierno porteño planteó subsidiariamente que, para el caso de que no sea revocada directamente la decisión de Gallardo, se conceda una apelación con «carácter suspensivo», es decir, mientras se tramita el recurso el sistema de reconocimiento facial vuelva a cobrar vigencia.
Sobre los datos de personajes públicos hallados por el juez Gallardo –desde el presidente, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, hasta Esmeralda Mitre y Hebe de Bonafini-, el escrito del gobierno porteño sostuvo que «de tener sospechas de alguna irregularidad acerca de la razón por la cual se habrían encontrado datos biométricos de personas que no se encontraban prófugos, debió dar intervención a la justicia penal».
El escrito no explica por qué fueron recolectados más de nueve millones de datos biométricos cuando la cantidad de prófugos no supera los 40 mil.
El apoderado del gobierno porteño, Diego Sebastián Farjat, denunció la «violación al debido proceso legal» y reclamó la «nulidad de los allanamientos llevados a cabo en el Ministerio de Justicia y Seguridad y en el Centro de Monitoreo Urbano».
«El magistrado ha decidido suplir la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de director del proceso con el de parte», añadió.
En ese sentido, describió que el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D´Alessandro, «explicó pormenorizadamente el funcionamiento del servicio» y Gallardo «pudo haber requerido las explicaciones que considerase pertinentes sobre las eventuales inconsistencias o errores en la utilización del sistema».
«Lejos de ello, resolvió inaudita parte las medidas requeridas por la parte actora, culminando así su obra maestra de desprecio por las instituciones del Estado de Derecho y violando groseramente el derecho de defensa», embistió.
Según el gobierno porteño, la resolución del juez Gallardo «no explica de qué forma la implementación del Servicio de Reconocimiento Facial de Prófugos incida de forma suficientemente directa o sustancial sobre ciudadano alguno».
«Los supuestos perjuicios que se invocan son meramente hipotéticos y conjeturales», sostuvo la presentación. El escrito resumió que «la sentencia constituye una intromisión del Poder Judicial en facultades que son propias de la Administración».
