Por estas horas, el Gobierno sigue enfocado, bajo reuniones presenciales y telefónicas, en cómo apelar un fallo que alteró ánimos: el que emitió el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que resolvió este lunes suspender de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de modernización laboral. La determinación surgió a raíz de una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, detrás del tema están la Procuración del Tesoro, que comanda Sebastián Amerio, y Julio Cordero, el secretario de Trabajo, con el total respaldo del ministerio de Capital Humano que anunció el camino a tomar. El ministerio de Justicia de Juan Bautis Mahiques no aparece en conversación para revertir el escenario judicial por el momento.
En estas horas, todavía no hay definición sobre en qué fuero apelar la decisión del juzgado laboral. Podría ser en el fuero laboral pero también se habla en Casa Rosada del avance de una presentación en el fuero contencioso administrativo.
“Todavía no está definido, lo estamos hablando”, le dijo a Agencia Noticias Argentinas una voz al tanto del armado de la estrategia.
El martes fue un día de reuniones en Balcarce 50 en torno a la problemática y desde el asesor Santiago Caputo hasta el propio Amerio estuvieron analizando las posibilidades. Un dirigente de la CGT dio por descontado que el oficialismo acudirá al fuero contencioso administrativo que ya le dio una buena noticia al oficialismo hace escasas tres semanas.
