El Poder Ejecutivo Nacional presentó el proyecto de ley Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias), diseñado para atraer capitales de gran escala a sectores productivos que actualmente no existen en el país o están en fase experimental.
A diferencia del RIGI de la Ley 27.742, este régimen se orienta exclusivamente a industrias de vanguardia como la inteligencia artificial, biotecnología avanzada y semiconductores, según el proyecto que ingresó al Congreso y que procesó Agencia Noticias Argentinas.
El proyecto establece una inversión mínima de US$1.000 millones por proyecto, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años.
Los interesados deben constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU) con objeto exclusivo y activos afectados únicamente a la actividad promovida.
Un punto crítico es que el acceso a los beneficios nacionales queda supeditado a la adhesión expresa de provincias y municipios, quienes deben comprometerse a no aplicar nuevos gravámenes locales.
El núcleo del beneficio radica en una carga fiscal reducida y competitiva:
- Ganancias: Alícuota fija del 15% y régimen de amortización acelerada.
- Dividendos: Tributarán al 7%, reduciéndose al 3,5% tras cuatro años de adhesión.
- IVA: Se introducen Certificados de Crédito Fiscal transferibles para cancelar el impuesto facturado por proveedores en las inversiones.
- Aduana: Exención total de derechos de importación para bienes de capital y de derechos de exportación para los productos del proyecto.
- El régimen permite la libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones: 20% al primer año, 40% al segundo y 100% al tercer año.
- No habrá obligación de liquidar divisas por aportes de capital o financiamientos externos.
En materia de seguridad social, se fija una alícuota única del 10% para contribuciones patronales de nuevas relaciones laborales.
El Súper RIGI ofrece estabilidad normativa por 30 años en todos sus incentivos, blindándolos contra futuras leyes más gravosas.__IP__
Además, garantiza el acceso al arbitraje internacional (CIADI, CCI o CPA) para resolver disputas con el Estado Nacional, reconociendo estos derechos como inversiones protegidas por tratados internacionales. El plazo de adhesión es de cinco años, con opción a uno de prórroga.
