La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego intimó al gobernador Gustavo Melella a entregar en 15 días hábiles un informe completo y documentado sobre las autorizaciones, inspecciones y controles vinculados con el petrolero VS Promise, registrado en la Isla de Man.
La Nota F.E. 251/26 ingresó a la Gobernación el 26 de agosto a las 13.01 y abrió un frente formal de control sobre la actuación de la gestión provincial en Río Cullen y Ushuaia.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el requerimiento fue firmado por el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, dentro del expediente F.E. 48/26, iniciado a partir de una denuncia por la presencia del buque de bandera británica.
El organismo pidió expedientes físicos y digitales, resoluciones, actas, correos y comunicaciones oficiales. No se trata de una imputación penal ni prueba por sí mismo una infracción: es una actuación administrativa destinada a revisar la legalidad de lo actuado por funcionarios y áreas del Poder Ejecutivo.
La intimación abarca cinco ejes. Exige los registros históricos y actuales de amarre, despacho, practicaje y operaciones del VS Promise en el puerto de Ushuaia y en la monoboya Hidra de Río Cullen; las consultas previas de agencias marítimas, TotalEnergies u organismos nacionales; y cualquier aval, autorización o “no objeción” provincial, incluso si fue verbal, tácita o enviada por medios digitales.
También reclama identificar a los funcionarios intervinientes y remitir las actas de inspección, los manifiestos de carga y los protocolos de cruce de datos con Prefectura Naval.
El golpe político aparece por la contradicción que precedió al requerimiento. Melella repudió públicamente el amarre del tanquero en Ushuaia y colocó la responsabilidad sobre la administración nacional, que mantiene intervenido ese puerto desde enero.
La Casa Rosada respondió que la Provincia conocía y había avalado las operaciones desarrolladas previamente en Río Cullen. El Ejecutivo fueguino negó haber tenido acceso a la bandera o a la documentación marítima del buque, pero reconoció que inspectores provinciales fiscalizaron el volumen de crudo cargado.
Las dos localizaciones tienen competencias diferentes. La escala del 24 de agosto en Ushuaia ocurrió en una terminal bajo administración nacional, mientras la carga de petróleo en Río Cullen involucró recursos provinciales y el poder de policía hidrocarburífero de Tierra del Fuego.
Precisamente por eso, Martínez de Sucre no limitó el expediente al muelle capitalino: pidió reconstruir toda la secuencia, desde las comunicaciones previas hasta la certificación y facturación de la operación en el norte de la isla.
Una nota interna de la Dirección Provincial de Puertos, fechada el 20 de agosto, consignó que el VS Promise había ingresado a Río Cullen el 12 y partido el 13, con 22.464,570 toneladas métricas de crudo cargadas. El documento ordenó facturar dos días de uso del espejo de agua y la carga a la agencia marítima interviniente.
Trabajadores portuarios sostuvieron luego que la documentación llegó a la Provincia el 19, cuando la maniobra ya había terminado, y que Prefectura había autorizado la entrada y la salida. Esa explicación integra una de las versiones cruzadas que motivaron el requerimiento formal.
La discusión también alcanza a la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, que regula la permanencia, el amarre, el abastecimiento y las operaciones logísticas de determinados buques vinculados con intereses británicos en el Atlántico Sur. La apertura del expediente no determina que esa norma haya sido violada.
La Fiscalía exigió que el servicio jurídico de la Gobernación exponga qué criterio aplicó y qué controles utilizó ante las maniobras.
Agencia NA
