Luego de que Javier Milei despidiera a trabajadores civiles de la Quinta de Olivos y los reemplazara por el personal de Casa Militar, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, alertó sobre la creciente militarización del Gobierno y advirtió que este proceso podría continuar en la Casa Rosada.
“Estas cesantías ilegales producidas por el Gobierno en la Quinta de Olivos y su reemplazo por militares, sumadas a las amenazas de adoptar medidas similares en Casa Rosada confirman que en este momento atravesamos un proceso creciente de militarización del Gobierno y un debilitamiento extremo de la democracia. Además, hay que sumar que las vacantes civiles que se generan en las tres Fuerzas Armadas y en sus organismos ya no se cubren más con personal civil sino que comenzaron a ser cubiertas por militares. Esto acelera aún más este proceso. Es preocupante que puestos administrativos en áreas claves del gobierno comiencen a ser ocupados por militares”, señaló el dirigente.
En este marco, agregó: “No es una exageración sostener que a pesar de haber votado en las urnas, lo que estamos viviendo tiene cada vez más rasgos dictatoriales. Si a la represión sistemática sumamos ahora la militarización, enfrentamos niveles de autoritarismo que para nada son compatibles con la democracia”.
“Tenemos que ponernos en alerta y defender nuestros derechos más elementales y lograr frenar esta tendencia castrense en el Gobierno antes de que sea demasiado tarde”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Cabe destacar que durante la gestión libertaria, ya fueron cesanteados más de 300 trabajadores del personal civil de las Fuerzas Armadas. Y en el último tiempo comenzó un proceso mediante el cual esos puestos vacantes pasaron a ser ocupados por militares. Además, de los 2.653 trabajadores civiles que actualmente desempeñan funciones en el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, el Gobierno ahora pretende despedir y reemplazar por militares a 600 más.
Hasta el momento, el Gobierno avanzó en el despido de 14 trabajadores de la residencia presidencial, los cuales cumplían tareas de jardinería, administración, limpieza, mozos y cocina.
Si bien el Gobierno justifica esta decisión a raíz de una serie de filtraciones que comprometerían la información y la seguridad del presidente, lo cierto es que el personal civil no participa de las reuniones privadas que Milei realiza en la residencia. Además, se trata de trabajadores con hasta 30 años de antigüedad y que desempeñaron funciones en las distintas gestiones.
Ante esta situación, ATE reiteró su pedido para que el Gobierno informe si existe un examen, junta médica o certificado que garantice que Milei está apto para ejercer su cargo como Presidente de la Nación.
