Ciudadanía por inversión: cómo funcionará en Argentina y qué ofrecen otros países
Cuáles son las condiciones y en qué se diferencian de otros países del mundo
Según informó el Gobierno de Milei, el programa presenta dos alternativas para el solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$800.000 creado específicamente para el programa. Las solicitudes comenzarán a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026 y el mecanismo se apoya en los cambios introducidos en 2025 a la Ley de Ciudadanía, que habilitaron esta posibilidad para quienes acrediten una “inversión relevante”, cualquiera sea su tiempo de residencia en el país.
Ese desembolso no significa la entrega inmediata de la nacionalidad. Conforme a los datos presentados por el Gobierno, los postulantes deberán atravesar controles sobre identidad, antecedentes penales, situación patrimonial y financiera, origen de los fondos e historial migratorio. La evaluación se llevará a cabo por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de varios organismos antes de que Migraciones emita una resolución sobre la solicitud.
El modelo local es diferente al de Estados Unidos, donde invertir no permite acceder directamente a la ciudadanía. Según información a la que accedió Noticias Argentinas a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el programa EB-5 establece una inversión mínima de US$800.000 cuando se realiza en un área de empleo objetivo o en proyectos de infraestructura elegibles, y de US$1.050.000 para el resto de los casos. Además, exige crear 10 puestos de trabajo de tiempo completo como mínimo.
El inversor accede inicialmente a la residencia permanente condicional —o Green Card— y, para una eventual ciudadanía, se requiere avanzar posteriormente con el régimen general de naturalización.
En Europa, Portugal también cuenta con uno de los esquemas de residencia por inversión más conocidos. Según la información relevada por NA –a través de la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo de Portugal (AIMA)–, el país mantiene el régimen de Autorización de Residencia para Inversión (ARI) que contempla, entre otras alternativas, aportes desde €250.000 destinados a producción artística o preservación del patrimonio cultural y desde €500.000 para investigación, fondos de inversión no inmobiliarios o determinados proyectos empresariales. Este programa otorga una autorización de residencia, no ciudadanía inmediata, y la normativa vigente excluye la inversión inmobiliaria como mecanismo para acceder.
Por otro lado, Turquía presenta un esquema más flexible. Según la información de Invest in Türkiye, dependiente de la Oficina de Inversiones de la Presidencia de Turquía, el país permite solicitar directamente la ciudadanía (por decisión del presidente) a partir de determinadas inversiones.
Una de las alternativas es adquirir un inmueble por US$400.000 como mínimo y mantenerlo durante tres años; también por US$500.000 mediante inversión de capital, depósitos bancarios, bonos públicos o determinados fondos, además de la posibilidad de cumplir el requisito con la creación de al menos 50 puestos de trabajo.
Los países muestran estrategias e incentivos diferentes para atraer capital extranjero. En los casos relevados, Argentina y Turquía vinculan la inversión con la posibilidad de solicitar directamente la ciudadanía, mientras que Estados Unidos y Portugal ofrecen primero residencia para luego avanzar —en el caso de cumplir con las condiciones correspondientes— a una eventual naturalización.
El oficialismo prevé avanzar con las solicitudes durante el último trimestre del año aunque los especialistas advierten por detalles operativos y regulatorios que aún restan conocer.
Agencia NA
