La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires colocó en agenda un tema que considera neurálgico en el territorio: el cobro de las tasas municipales. Distintos referentes ya comenzaron a elaborar proyectos y denunciaron lo que pasa en cada localidad con los tributos de la polémica.
De hecho, tanto en el Senado como en Diputados, hay iniciativas libertarias que pretenden modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades para que no ocurra lo que sucede en Azul.
En dicho distrito, el bloque de concejales del partido de Javier Milei denunció que el Municipio local viene cobrando de manera ininterrumpida una contribución del 6% sobre la factura de los servicios sanitarios (agua) sin contar con una norma vigente que habilitara dicha percepción desde el año 2018.
Según precisaron desde el espacio libertario, la Ordenanza 71/84 que dio origen al tributo se encuentra vigente, pero en diciembre de 2017 se derogó el inciso específico que incluía a los servicios sanitarios dentro de su marco de aplicación. A raíz de ello, durante los períodos 2018, 2019 y 2020 el gravamen no figuró en el Código Fiscal ni en la Ordenanza Impositiva municipal, por lo que carecía de sustento legal para ser cobrado a los vecinos.
Posteriormente, en 2020 la Comuna intentó restablecer la percepción mediante convenios celebrados con las cooperativas prestadoras y, en 2021, volvió a citar el texto de la norma con el inciso ya derogado. Desde LLA sostienen que esos mecanismos administrativos resultaron insuficientes e inválidos para restablecer legalmente el tributo.
A pesar de la falta de encuadre normativo, el cobro figuró de manera ininterrumpida en los presupuestos municipales. Los montos presupuestados bajo este concepto pasaron de $8,6 millones en 2019 a $320,5 millones en 2025, mientras que para el ejercicio 2026 se estimaron $250 millones adicionales.
Tras la denuncia, el Concejo Deliberante de Azul aprobó una iniciativa impulsada por el bloque libertario con el acompañamiento de toda la oposición para citar al secretario de Hacienda municipal, Agustín Carús. El funcionario deberá brindar explicaciones sobre la aplicación del 6%, la documentación respaldatoria y el destino de los fondos percibidos. Asimismo, el cuerpo deliberativo solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas bonaerense y remitió las actuaciones al INAES para auditar la participación de las cooperativas en el cobro
Agencia NA
