El Gobierno nacional aprobó nuevos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta US$2.650 millones que se destinarán a optimizar la gestión fiscal y fortalecer las fuerzas federales de seguridad en el combate contra el crimen organizado.
En primera instancia, el Ejecutivo autorizó una línea de crédito condicional para proyectos de inversión por un monto de hasta US$1.500.000.000 y un plazo de utilización de 10 años, mediante el Decreto 1285/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Bajo esta línea marco, se aprobó un contrato de préstamo por un total de hasta US$750.000.000, cuyo destino exclusivo será la ejecución del “Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Provincial”.
En el texto oficial, se explicó que “el objetivo general de desarrollo del programa es mejorar la sostenibilidad fiscal provincial en la República Argentina” y precisó que “los objetivos específicos de desarrollo del programa son: mejorar la eficiencia del gasto y mejorar la gestión de la recaudación por ingresos propios”.
En paralelo, se aprobó otro crédito por un monto de hasta US$400.000.000, orientado a financiar el “Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Federal en Argentina (PROSEFE)”, a través del Decreto 1284/2026, publicado en el Boletín Oficial.
En este caso, se informó que “el objetivo general del citado programa consiste en contribuir a reducir el delito y la violencia asociados al Crimen Organizado (CO), a través del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad federal”.
Como objetivos específicos están “aumentar la efectividad de la Policía Federal Argentina (PFA) para investigar delitos asociados al CO; mejorar la efectividad del despliegue territorial de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA) en áreas priorizadas y en la frontera norte y mejorar la efectividad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para gestionar los centros penitenciarios federales”.
Ambas operaciones crediticias cuentan con los informes técnicos favorables de las áreas regulatorias del Estado nacional. Por un lado, el Banco Central (BCRA) determinó que la magnitud de las operaciones representa un impacto macroeconómico acotado y limitado sobre la balanza de pagos internacionales.
Además, la Oficina Nacional de Crédito Público señaló que el costo financiero de los préstamos pactados con el BID resulta inferior al que la Argentina podría obtener en el mercado financiero.
Agencia NA
