El diputado nacional Guillermo Michel (Unión por la Patria) denunció que el Gobierno de Javier Milei pretende privatizar AySA por un valor equivalente a apenas «tres meses de facturación» de la compañía y reclamó la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN) para investigar las condiciones de la operación.
«AySA el año pasado, en términos operativos, ganó 273 millones de dólares. Y venden el 90% por 340 millones de dólares», cuestionó y advirtió que «la empresa está totalmente mal vendida o regalada».
El legislador explicó que AySA cuenta con cuatro millones de conexiones y que el precio de venta representa aproximadamente 100 dólares por cada una. «Le transferiste las acciones de AySA a un grupo inversor, le das la concesión por 360 meses y le vendés esa empresa por tres meses de facturación. No resiste ningún análisis técnico», sostuvo.
Además, denunció que dentro del consorcio comprador participan empresas que actualmente son proveedoras de AySA, lo que, a su entender, podría generar conflictos de intereses. «Ellos van a estar de los dos lados del mostrador. Van a ser los dueños de AySA, que a su vez se dan vuelta y contratan a sus propias empresas», señaló a Radio 10.
En ese sentido, planteó: «¿Qué valor van a pagar por esa materia prima o esos servicios? ¿A un valor que le sirva a AySA o a un valor que le sirva a sus empresas privadas?», y consideró indispensable que la AGN investigue esas relaciones comerciales.
El diputado también alertó sobre el impacto de la privatización en los usuarios del conurbano bonaerense. «El agua es un derecho, es un bien esencial. ¿Qué van a hacer cuando les corten el servicio? ¿Qué van a hacer esos vecinos cuando apliquen un aumento fenomenal de las tarifas?», expresó.
Michel señaló que ya existen dos actuaciones para investigar la privatización, una en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y otra ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. «La auditoría tiene que meterse de lleno en esto, como ya se metió en lo de la Hidrovía», insistió.
Por otra parte, propuso una alternativa de participación mixta similar a la de YPF. «El Gobierno se podría haber reservado el 51% para tomar decisiones respecto al precio de la tarifa y al plan de obras, y el 49% restante abrirlo a los mercados de manera transparente para que haya inversiones», explicó.
Finalmente, consideró que el gobierno bonaerense debería evaluar sumarse a los reclamos contra la privatización y reiteró su preocupación por las consecuencias de la operación para los usuarios. «Son más de 16 millones de usuarios de la provincia de Buenos Aires que van a ser los principales afectados por esta medida», concluyó.
Agencia NA
