La secretaria de Deportes, Inés Arrondo, está en el ojo de la tormenta tras protagonizar un fuerte altercado con un empleado de seguridad en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), ubicado en el barrio porteño de Núñez.
Según trascendió, el hecho ocurrió el pasado 16 de febrero cuando Arrondo arribó al predio en su auto cerca del mediodía y un empleado de seguridad privada encargado de controlar el ingreso de vehículos, la frenó debido a que no la reconoció.
El hombre le solicitó su identificación y, de acuerdo a su relato, Arrondo bajó del auto de forma violenta, comenzó a increparlo y allí comenzó un forcejeo durante el cual el empleado, de 24 años, recibió un rasguño en la cara, por lo cual dio aviso a la Policía de la Ciudad.
Minutos después llegó un móvil de la Comisaría Vecinal 13B y el hombre contó cómo fue el incidente, por lo cual se avanzó en una causa por lesiones leves, pero mientras la policía realizaba el acta, el joven empleado aseguró que no quería realizar ninguna denuncia.
Ante esta situación, referentes sociales y políticos salieron al cruce de Arrondo por su violenta reacción con el custodio e incluso llegaron a pedir su dimisión ya que no es el primer caso de violencia que tiene la ex jugadora de hockey.
El año pasado fue acusada de «descalificar, silenciar y amedrentar a varios referentes gloriosos e intachables de nuestra reciente historia deportiva» por las críticas que plantearon contra su gestión dos medallistas olímpicos.
Los diputados Maximiliano Ferraro (presidente de la Coalición Cívica) y Waldo Wolff (PRO), al igual que Maximiliano Guerra, ex bailarín y dirigente aliado de Patricia Bullrich, repudiaron el comportamiento que tuvo la secretaria de Deportes.
«Es inadmisible el uso de violencia verbal, física, psicológica o abuso de poder en el ejercicio de un cargo en la función pública. Los funcionarios públicos debemos actuar con responsabilidad, humildad, austeridad y no creernos dueños y señores», afirmó Ferraro al opinar sobre el hecho.
En la misma línea, Wolff consideró que la funcionaria «por lo menos debería dar un paso al costado hasta que se expida la Justicia de manera definitiva».
Por su lado, Guerra, alineado al PRO desde hace un par de años, aseveró: «Ocupar un cargo público implica asumir una responsabilidad muy grande. Lo ocurrido en el CENARD con Arrondo fue patético y una demostración de soberbia».
