La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) solicitó a la AFIP suspender el anticipo adicional del impuesto a las Ganancias.
La entidad se sumó así a la UIA, que también alertó sobre el impacto negativo que esa decisión de adelantar impuestos puede tener sobre el sector fabril.
La Cámara de Comercio envió una carta al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, en la cual aclaró que «los montos establecidos para encuadrar en la obligación de ingresar el anticipo adicional (de $100 millones de impuesto o $300 millones de resultado impositivo) no involucran a un pequeño grupo de grandes empresas, sino que afectarán a numerosas firmas, incluyendo al segmento PyME, en un contexto económico financiero especialmente complicado».
«La exacción que establece la norma se agrava aún más al no considerar el cómputo de quebrantos de ejercicios anteriores ni permitir la reducción o anulación del anticipo adicional ante la estimación de menores o nulos resultados en el ejercicio en curso», señaló la CAC.
Se quejó de que esto hace que la norma «no considere la existencia de capacidad contributiva, deviniendo en exceso de las facultades que la ley otorga a la AFIP, toda vez que pierde la naturaleza de anticipo del tributo que se deberá pagar por el ejercicio para convertirse en un empréstito forzoso y gratuito».
«Esta situación lo convierte eventualmente en inconstitucional ante la vulneración de los principios de capacidad contributiva y derecho de propiedad, e innominado de razonabilidad que exige la Constitución Nacional a toda norma de carácter tributario», sostuvo.
Explicó que a eso «hay que agregarle que constituye, por el efecto del proceso inflacionario y su aplicación actual, una utilización de recursos propios de próximos ejercicios, alterando, en la práctica, la legislación en materia presupuestaria».
La entidad insistió en poner la totalidad del ajuste que requiere la economía nacional en cabeza del sector privado, en este caso vía un virtual empréstito gratuito para determinados contribuyentes que disminuirá su capacidad de producir, invertir y dar empleo.
La CAC alertó que «todo se ve agravado por lo imprevisto de la modificación, que parece no tener en cuenta que las empresas presupuestan su actividad y su flujo de fondos, los que se ven drásticamente alterados por la obligación de ingresar el anticipo adicional».
«Solicitamos la suspensión de la resolución», se reclamó en la carta firmada por el presidente de la CAC, Mario Grinman, y el tesorero de la entidad, Edgardo Phielipp.
