El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, ordenó a su equipo de trabajo elaborar y aprobar el «protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales».
La decisión, oficializada este viernes a través de la Resolución 88/2021 que fue publicada en el Boletín Oficial, ordenó avanzar con el protocolo a la secretaría de Desarrollo Territorial que conduce el abogado y escribano Luciano Scatolini.
Scatolini tendrá que convocar al ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y a otros organismos nacionales y se invitará a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto Nº 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones.
Ferraresi instruyó a la Secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los Entes Ejecutores Provinciales y Locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública en el marco de la presente resolución.
A tal efecto, la autoridad de aplicación de la presente resolución establecerá los criterios de priorización de las personas que se encuentren alcanzadas por la presente resolución, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
Y facultó a la secretaría a dictar las normas complementarias e interpretativas y a suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos dispuestos en la presente Resolución.
Esta iniciativa avanzará considerando que en el marco de la pandemia Covid-19 y como consecuencia del impacto de las medidas sanitarias de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en la producción y el empleo, numerosos hogares inquilinos se encontraron con crecientes dificultades económicas para cumplir con las obligaciones de pago emanadas de los contratos de alquiler.
Esos inquilinos enfrentaron diversas situaciones de dificultad para el pago de los montos de locación de los contratos vigentes, así como para afrontar los gastos de renovación de contratos o de la celebración de nuevos contratos, entre otras situaciones que pudieran derivar en el inicio de procesos de desalojo.
Una vez obtenida la información sobre los procesos de mediación y sentencias de desalojo y de los análisis socio-económicos de los hogares que oportunamente se efectúen, corresponderá impulsar la coordinación de acciones con los Entes Ejecutores provinciales y locales de programas o planes de viviendas financiados con aporte del Estado Nacional, tendientes a brindar una solución habitacional a los inquilinos o inquilinas que se encuentren alcanzados o alcanzadas por el Decreto Nº 260/20.
Asimismo, es necesario contar con bases de datos confiables y actualizadas que coadyuven al desarrollo de las intervenciones necesarias para contribuir a la solución de problemas habitacionales en el marco de la presente resolución.
