Estados Unidos cuestionó la «falta de implementación efectiva» de las leyes para prevenir y sancionar hechos de corrupción en la Argentina, tras advertir que las «instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar» esta problemática que aqueja desde hace décadas al país.
Así se expresó la Casa Blanca a través del informe anual sobre el estado de los derechos humanos en 2020 en el mundo, difundido el pasado martes por el Departamento de Estado norteamericano.
El documento señaló que «la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios», pero alertó que «no obstante, múltiples informes alegaron que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley».
El Departamento de Estado, conducido por Antony Blinken, destacó que se llevan a cabo «numerosas investigaciones relacionadas a la corrupción contra actuales y ex figuras política de alto rango, incluyendo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ex presidente Mauricio Macri».
En ese sentido, se ejemplifica con la causa de los cuadernos, en el que la ex jefa de Estado y otras 52 personas «fueron acusadas de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015».
«Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en 160 millones. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre», indicó.
En lo que respecta al líder del PRO, el informe recordó la investigación que se lleva adelante por espionaje ilegal durante su gestión y que involucra a los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
«Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción», denunció.
En el informe se afirma que también «la corrupción ocurre en algunas fuerzas de seguridad» y precisó que la «forma más frecuente de abusos incluyen extorsión y protección es involucrados en narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y promoción de la prostitución».
«Acusaciones de corrupción en juzgados provinciales y federales también son frecuentes», apuntó el documento.
En las 27 páginas del informe también se relevaron puntos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos de los niños y las cárceles.
Sobre ese último punto el Departamento de Estado denunció que la «sobrepoblación carcelaria permanece como un problema».
«Las condiciones carcelarias a menudo eran duras debido al hacinamiento, la mala atención médica y condiciones insalubres.
Hubo reportes de traslados forzosos y el uso recurrente de aislamiento como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires», indicó.
