Las empresas fraccionadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) reclamaron hoy un aumento del 50% en el precio de las garrafas y denunciaron una situación de quebranto.
Pidieron al Gobierno declarar en forma urgente la emergencia del sector y adoptar «todas las decisiones necesarias que eviten que la situación se continúe agravando».
«De seguir con este difícil presente se afectará a los actores de la industria, pero principalmente se perjudicará a los usuarios consumidores, en especial a aquellos más vulnerables que, por carencia de recursos o por cuestiones de infraestructura se ven impedidos de acceder a redes de gas natural o a otros recursos alternativos», alertó la entidad.
«En el contexto de segunda ola de Covid que atravesamos, y para seguir haciendo frente a la importante demanda de gas licuado que tiene nuestro país, requerimos de medidas que saquen a las fraccionadoras de la complicada crisis que sufren», reclamó el presidente de la entidad, Pedro Cascales.
En la actualidad el precio de una garrafa de 19 kilos es de $425, y el sector reclama una suba de entre $200 y $250, según la zona del país.
Dicen que el año pasado fue «muy duro por la pandemia del Covid-19 y por el atraso en la actualización de los precios de referencia que llevó a que la actividad de fraccionado de gas envasado esté en un contexto de déficit insostenible».
Si bien se consiguió que los valores se incrementen, no fue «al nivel esperado para cubrir los costos y márgenes razonables históricos», indicó la cámara.
«Hay una necesidad imperiosa de cubrir los costos operativos y de recuperar una razonable rentabilidad que permita mantener el nivel de inversiones tal como lo marca la Ley 26.020», sostuvo Cascales.
La entidad dijo que los márgenes establecidos de las tareas de fraccionamiento y distribución en la Argentina se ubican en US$ 3 por garrafa de 10 kg.
«Este número es la mitad respecto de los de los países de la región que, en promedio, ubican ese valor alrededor de los US$ 6 por carga de 10 kg», señaló.
La cámara también reclamó «suspender todos los procedimientos de cobro de las multas que por cualquier concepto hayan sido aplicadas hasta la fecha por un plazo mínimo de 3 años y la reducción del 50% en las contribuciones patronales de los empleados del sector».
El sector fraccionador de gas licuado da empleo directa e indirectamente a más de 9.000 personas y abastece a más de 5 millones de hogares.
