Al borde de que expire el decreto, la Corte Suprema de Justicia prepara su fallo sobre la suspensión de las clases presenciales en las escuelas en la ciudad y la provincia de Buenos Aires por el coronavirus, que derivó en un conflicto entre la Nación y la Ciudad por la constitucionalidad del decreto presidencial que dispuso la medida.
El esperado pronunciamiento del máximo tribunal llegará al filo del vencimiento del decreto, que tiene alcance hasta la medianoche del viernes próximo.
En ese contexto, la Corte aguarda la contestación de la Procuración General de la Nación sobre la «vista» que les dio sobre el expediente, aunque esa opinión no es vinculante para los jueces.
La Corte ya había recibido el descargo de la Nación presentado a través de un largo escrito a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encabezada por Carlos Zannini y que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.
El máximo tribunal también había rechazado el pedido del Gobierno para incorporar como «parte» en el reclamo por las clases presenciales a la provincia de Buenos Aires, y le otorgó al procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, un plazo de 72 horas para que emita su opinión ante el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires.
Trascendió que es probable que la respuesta de la Procuración se conozca el próximo jueves, en coincidencia con el habitual acuerdo de ministros de la Corte.
En tanto, la Corte le dio ocasión a la Ciudad para que analice los argumentos de la Nación presentados por la PTN y responda en 48 horas, plazo que vence este jueves.
En ese marco, el equipo técnico del ministerio de Salud de la Ciudad analizaba cuadros y cifras para elaborar una respuesta y el escrito se incorporará de inmediato al expediente.
La gestión porteña criticó la constitucionalidad del decreto presidencial, aduciendo que ataca la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, al tomar decisiones sobre la educación, un asunto reservado en la Constitución Nacional a la jurisdicción local.
Por su parte, la Nación rechazó estos argumentos y planteó su reclamo en motivos legales y sanitarios, atribuyéndole a la administración de Horacio Rodríguez Larreta «una mirada negacionista de la realidad».
