La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como parte querellante en la causa en la que se investiga la adjudicación de contratos para la explotación de los parques eólicos en territorio patagónico.
La Cámara Federal porteña aceptó el pedido de la UIF en el expediente, sobre la presunta «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» durante el Gobierno de Cambiemos.
La causa, que está delegada en el fiscal Eduardo Taiano, gira en torno a supuestas maniobras para favorecer en licitaciones públicas a un grupo de empresas presuntamente vinculadas con familiares y allegados al anterior gobierno, incluso del propio ex presidente Mauricio Macri.
Según la denuncia, formulada en 2019 por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, la empresa Selena Partners S.A. ganó licitaciones para la explotación de los parques eólicos y luego de adjudicarse los contratos fue absorbida por Pampa Energía.
El titular de Pampa Energía era el empresario Marcelo Mindlin, cercano al ex presidente Macri. En esa secuencia también habrían intervenido, siempre según la denuncia, la firma Albares Renovables Argentina S.A.
Según la denuncia, Selena es una de las empresas creadas poco después de la asunción de Macri como presidente en diciembre de 2015 y en su constitución, así como en la de otras firmas relacionadas con la explotación de los vientos, intervino un contador vinculado con las empresas de la familia del ex mandatario.
En este expediente, en concreto, se investiga una presunta defraudación contra el Estado del orden de los 45 millones de dólares.
El juez federal Sebastián Casanello había rechazado a la UIF como querellante pero la Sala Primera de la Cámara entendió que la supuesta administración fraudulenta que se investiga en el expediente podría ser el «delito precedente» para otro posterior, el «lavado de activos».
Justamente ese fue el planteo de la UIF: «Este tipo de maniobras podrían configurar tanto delitos contra la administración pública como lavado de activos».
La Cámara consideró que la investigación avanza sobre «una hipótesis delictiva que supone un perjuicio especial, concreto y directo para los intereses puntuales que representa» la UIF.
