El fiscal federal Ramiro González pidió hoy desestimar varias denuncias hechas contra el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por retomar las clases presenciales pese al decreto del Poder Ejecutivo que las había suspendido, y contra el presidente Alberto Fernández por imponer nuevas restricciones.
El fiscal pidió que sean desestimadas unas siete denuncias en total que se hicieron en los últimos días contra Rodríguez Larreta por retomar clases presenciales en la Ciudad.
Rodríguez Larreta decidió retomar clases presenciales luego de esa resolución que así se lo habilitó, y también pese al fallo que luego emitió el juez federal en lo contencioso administrativo Federal Esteban Furnari.
Las denuncias contra Larreta eran por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia, y otros delitos.
El fiscal también pidió que se desestime una denuncia que el diputado nacional Jorge Enríquez había hecho contra Alberto Fernández por incumplimiento de los deberes de funcionario público por imponer nuevas restricciones en la circulación en esta nueva etapa por crecimiento de casos de coronavirus.
«Hago mención a esa circunstancia porque entiendo que la judicialización de la política -más en este contexto- que se propone en estos casos, excede el ámbito válido habilitado por la jurisdicción del poder judicial y rompe el límite de una zona vedada para su intervención. No es menor que se trate de cuestiones de competencia penal; se debe advertir al respecto que no se trata de controversias que la política no ha logrado resolver y que deben ser zanjada por la justicia», sostuvo en sendos dictámenes la fiscalía.
«En otro orden de cosas, se debe recordar que el derecho penal deja de ser necesario para proteger el desarrollo de la persona en sociedad cuando esto puede conseguirse por otros medios, que son preferibles porque son menos lesivos para los derechos individuales», dijo.
En esa línea, dijo que «la prisma a través del cual deben analizarse los hechos denunciados no puede ser otro que el de un derecho penal de acto que «concibe al delito como un conflicto que produce una lesión jurídica, provocado por un acto humano como decisión autónoma de un ente responsable (persona) al que se le puede reprochar y, por lo tanto, retribuirle el mal en la medida de la culpabilidad».
En una de las denuncias contra los tres jueces de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad que habilitó clases presenciales pese al decreto del Poder Ejecutivo, González pidió que sean enviadas al fiscal general de la Ciudad para que analice pertinencia de iniciar investigación.
