La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió que el caso por la venta de dólar futuro, por lo que estuvo imputada varios años hasta ser recientemente sobreseída, no pase a la Corte Suprema de Justicia, tal cual reclamó el fiscal.
Así lo hizo saber a través de su abogado, Carlos Beraldi, y en oportunidad de opinar sobre el pedido del fiscal Raúl Pleé, quien reclamó que el caso que está en manos de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, el cual sobreseyó a la vicepresidenta, pase a la Corte Suprema de Justicia para ser revisado.
La Sala I de la Cámara había sobreseído Cristina Kirchner, al considerar que la decisión de vender dólar a futuro fue política no judiciable, y que además un peritaje demostró que no hubo perjuicio a las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
De esa forma, fue sobreseída la vicepresidenta junto con el gobernador Bonaerense, Axel Kicillof, y el director el Banco Central, Miguel Ángel Pesce, entre otros.
Luego de ese fallo, el fiscal Pleé presentó un recurso extraordinario para ir a la Corte y el Tribunal le pidió opinión a las demás partes, entre ellas, la titular del Senado.
Beraldi pidió desestimar el recurso por «inadmisible e improcedente» y estimó que «el fundamento invocado por el Sr.
Fiscal General es equivocado, toda vez que el fondo de la controversia suscitada no se vincula con la interpretación de la norma federal».
A su entender, apunta a «supuestos vicios procesales y cuestiones de hecho y prueba atinentes a los tipos penales referenciados en el requerimiento de elevación a juicio, los cuales constituyen normas de derecho común».
Sobre el argumento utilizado por el fiscal respecto a que el caso reviste «gravedad institucional», Beraldi también lo refutó.
«El argumento invocado causa perplejidad a mi parte, ya que en distintos procesos seguidos en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner invoqué supuestos de gravedad institucional fundados en el rol institucional asumido por mi representada y, de manera sistemática, los representantes del Ministerio Público Fiscal negaron a través de sus dictámenes la concurrencia de tal recaudo», aseguró.
«Además, en el marco de este mismo proceso mi parte dedujo sendos recursos extraordinarios en los que se invocó una situación de gravedad institucional, los cuales fueron rechazados tanto por la Cámara Federal de Casación Penal como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ergo, no puede afirmarse ahora que en el sub lite acude un caso de gravedad institucional por la mera circunstancia de que el recurrente sea el representante del Ministerio Público Fiscal. Sostener lo contrario importaría un verdadero contrasentido y daría lugar a un caso claro de arbitrariedad, en el sentido técnico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha asignado a dicha expresión», agregó el letrado.
