El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli afirmó que desde su espacio político harán «todo lo posible para que no se apruebe» el proyecto de ley del Frente de Todos que busca reformar el Ministerio Público Fiscal.
«El oficialismo ha convocado a un plenario de comisiones para el próximo martes, a las 19.00, con la intención de dictaminar el proyecto», indicó Tonelli.
En declaraciones radiales, el diputado nacional afirmó que los legisladores de Juntos por el Cambio asistirán al plenario con el objetivo de «hacer todo lo posible para que no se apruebe» la normativa que impulsa el oficialismo.
«Nos opondremos a la aprobación del proyecto, porque nos parece un mal proyecto y tendría consecuencias muy graves sobre el funcionamiento de la Procuración General», resaltó.
En sintonía, el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, acusó al kirchnerismo de ir «por el control de la Justicia».
«Mientras el país está en emergencia, el kirchnerismo va por el control de la Justicia», disparó Negri en declaraciones radiales, y retrucó: «El kirchnerismo va por la conducción de los fiscales».
La Comisión de Justicia que preside el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) se reunió ayer conjuntamente con la de Asuntos Constitucionales que encabeza el legislador Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) para debatir sobre el proyecto que, entre sus puntos principales, reduce la mayoría requerida para elegir al procurador general y otorga mayor control al Congreso de la Nación.
La iniciativa propone que la designación del procurador general se realice con una mayoría absoluta del Senado (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que funciona actualmente, al tiempo que elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años.
También otorga a la Comisión Bicameral de Ministerio Público del Congreso -actualmente con mayoría oficialista- la facultad de evaluar la política criminal establecida por el procurador, al tiempo que establece la obligatoriedad de contemplar en ese órgano del Estado la paridad de género y el federalismo.
El proyecto modifica además la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales, entre otros puntos.