Una familia que regresará en los próximos días desde los Estados Unidos pidió a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de las normas impuestas por el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, en contra de ser enviados a un hotel para hacer la cuarentena.
El pedido es porque la familia, que viajó a los Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19, volverá el próximo domingo y pidió a la Justicia que invalide la norma administrativa la cual consideran contraria a la Constitución Nacional.
Es su planteo del abogado Norberto Borlenghi, de 73 años, quien viajó con su familia para obtener la segunda dosis de vacunación luego de recibir en la Argentina la primera del laboratorio Sputnik V, y en aquel país se aplicó la Pfizer.
Además del abogado, se vacunaron su esposa y las dos hijas del matrimonio, pues «no le quedó otra alternativa que viajar, postergando sus tareas profesionales diarias, y ahora, de yapa, 4 días más sin acceso a los medios de trabajo en un hotel desconocido», sostuvo.
La presentación hecha ante la Justicia federal de San Martín, cuestiona el DNU 411/2021, y la Decisión Administrativa Nº 643/2021 dictada por el jefe de Gabinete Santiago Andrés Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la que propiamente dictó el gobernador Kicillof.
«Se encuentra en ciernes una nueva amenaza y violación a nuestros drechos de propiedad, trabajo, vivienda, circulación, y salud, producto del capricho de los funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires», argumenta la misma.
«Todo ello resulta un absurdo intolerable, por cuanto más que protegernos y evitar la dispersión de una eventual propagación del virus -circunstancia poco probable ya que, para ingresar a la Argentina deberemos contar con dos PCR negativos, uno del país de salida y otro de nuestro país al llegar-, mantenernos cuatro días encerrados en un hotel, acrecienta las posibilidades de contagios, ya que estaríamos inmersos en una burbuja cerrada y cercana de posibles infectados, con lo cual no se cumple lo que la pretendida norma predica, sino todo lo contrario. Esta restricción constituye una afrenta a la libertad ambulatoria y de tránsito que se encuentra protegida por la Constitución Nacional, afectando los derechos protegidos por la Constitución», dijo.
Además, apuntó que no hay fundamento del por qué «600 personas que ingresan al país representan un menor riesgo de ingreso de la cepa Delta -tan temida- que los 2000 que estaban autorizados hasta el momento y que podía hacer la cuarentena en sus hogares».
