Luego de confirmarse que el tras la asunción de Alberto Fernández como Presidente se prorrogó la autorización del uso de municiones en Bolivia, el Gobierno consideró que hubo un «encubrimiento» y que las autoridades de los ministerios de Seguridad y Justicia no estaban al tanto de esas medidas, que venían de la gestión de Mauricio Macri.
Según la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que depende del Ministerio de Justicia, las renovaciones de las autorizaciones se realizaron en enero y mayo de 2020, bajo el mismo argumento inicial que dio el Gobierno de Cambiemos: proteger la Embajada argentina en el país vecino, pese a que todavía gobernaba Jeanine Áñez.
El dato lo dio a conocer la propia ANMAC en el marco de la investigación judicial que se está realizando en el país vecino.
Ahora, tal como dio a conocer La Nación, fuentes del Ministerio de Justicia apuntaron que «la Anmac, ante este tipo de pedidos formales, se limita a autorizar la prórroga a pedido de las Fuerzas de Seguridad» y que «fue una parte del intento de encubrimiento de la entrega ilegal de material bélico a la Fuerza Aérea y a la Policía Boliviana».
«El encubrimiento se terminó de consolidar en julio de 2020, cuando un gendarme informó que las 70.000 municiones habían sido consumidas en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro», sostuvieron desde la cartera que conduce el ministro Martín Soria.
El caso por el envío de material bélico a Bolivia comenzó el 8 de julio con la difusión de la acusación por parte del canciller boliviano, Rogelio Mayta.
Cuatro días después de eso, el Gobierno argentino denunció que Macri y los ex ministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad montaron un plan para «poner material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país».
De todos modos, los ex funcionarios de Cambiemos desmintieron la acusación y remarcaron que se trata de una operación realizada por Evo Morales en conjunto a las autoridades argentinas.
