Los recursos de los Derechos Especiales de Giro (DEG) aportados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a sus asociados pueden utilizarse para hacer frente a diferentes necesidades económicas y sociales de los países receptores, que no están obligados a «guardarlos como reservas internacionales».
La propuesta de libre disponibilidad de los 650.000 millones de dólares otorgados a unos 190 países fue formulada por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), que basó su postura en diferentes experiencias, algunas derivadas de la anterior distribución de DEG en 2009.
De ese total, la Argentina recibió el equivalente a 4.355 millones de dólares, que pasaron a computarse de inmediato como parte de las reservas internacionales del Banco Central.
Sin embargo, «no hay impedimento alguno para que los DEG pasen a aportar al presupuesto fiscal», indicó la entidad en la conclusión de la presentación de un manual de uso de esos recursos.
Al respecto, Latindadd advirtió en relación con los recursos que el FMI distribuyó el 23 de agosto que «pareciera que la única opción brindada es guardarlos como reservas internacionales».
Por el contrario, advirtió que «las apremiantes necesidades económicas, sociales y sanitarias de los países de ingresos medios y bajos, los más afectados por la pandemia, motivan a buscar alternativas para que la emisión sirva en el proceso de reactivación y atención frente a la Covid-19».
En ese sentido, planteó que el uso de esos recursos más allá de ser destinados a las reservas puede ser crucial para América Latina, «con una proyección de caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 7,1% en 2020, la más alta del mundo y 45 millones de nuevos pobres».
Latindadd está compuesta por 24 instituciones de 13 países de América Latina con el objetivo de «facilitar el intercambio de información entre sus miembros, hacer incidencia de manera conjunta, aportar al movimiento ciudadano internacional y contribuir a la integración regional y al cambio democrático de las relaciones Norte-Sur», según su presentación institucional.
La entidad aseguró que se cuenta con el «conocimiento técnico suficiente» y los antecedentes para determinar que los DEG no deben emplearse exclusivamente como parte de las reservas de los bancos centrales, sino que cada país puede darles la utilidad más conveniente «en función de sus necesidades».
«Es indispensable, eso sí, que los gobiernos de los países receptores de los DEG actúen oportunamente y con premura», señaló.
Entre las experiencias de 2009 documentadas por el FMI en países de Europa, África y América Latina, Latindadd precisó que, por ejemplo, «el diseño institucional de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido demuestran que no hay restricción internacional para que los ministerios sean los titulares de los DEG».
Asimismo, tomó el caso de Ecuador y puntualizó que su utilización para fines fiscales «no fue un tema exclusivo al régimen monetario de dolarización vigente» en ese país.
Latindadd señaló también el caso de Paraguay y ponderó que «ya está actuando con anticipación» y «por el camino adecuado», más allá de que se recurrió a la sanción de «una ley innecesaria», una situación diferente a la del Líbano, cuyo fisco «recibirá los recursos, al parecer, sin requerir modificación legislativa».
Por otra parte, la entidad indicó que «en caso de insistencia por parte de bancos centrales respecto a su ejercicio patrimonial sobre los DEG, la normativa contable convencional permite registrarlos como ingreso extraordinario en el estado de resultados del banco central y transferir el dividendo equivalente al ministerio».
«En última instancia, el banco central puede otorgar un financiamiento interno al ministerio a través de instrumentos convencionales», agregó.
