La ONG que denunció penalmente a la todavía jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco por la forma en que consiguió permanecer en el cargo después de cumplir 75 años de edad le pidió al presidente, Alberto Fernández, que rechace su renuncia.
La Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales (Exigir) manifestó, mediante una carta dirigida al jefe del Estado, sus «objeciones a la aceptación de la renuncia» y le recordó que en junio pasado la denunciaron, al igual que a su colega Carlos Rosenkrantz; al ex ministro de Justicia Germán Garavano y al ex asesor presidencial Fabián «Pepín» Rodríguez Simón.
Posteriormente, la denuncia fue ampliada alcanzando a Santiago Otamendi, hoy miembro del Tribunal Superior de Justicia porteño y viceministro de Justicia cuando Highton consiguió un fallo judicial que le permitió seguir siendo jueza pese a traspasar el límite etario fijado en la Constitución Nacional.
«La reciente renuncia presentada por la Dra. Highton coincide con la trascendencia pública de la causa judicial aquí referida, y sobre todo, este expediente judicial ha llegado a conocimiento directo de los ministros de la Corte Suprema a través de las medidas de prueba llevadas a cabo recientemente», informa la misiva.
La aceptación de la renuncia –añade el texto- «le permitiría percibir de por vida una jubilación de privilegio. Lo que corresponde, en cambio, es que la magistrada sea sometida a juicio político por las mismas causas que motivaron su imputación en la causa criminal». Sobre Highton ya pesa un pedido de juicio político formulado por la ex diputada y hoy titular del Instituto contra la Discriminación (INADI), Victoria Donda.
«Le solicitamos tenga a bien acoger nuestro pedido, procediendo a exigir una ampliación del juicio político iniciado por la diputada Donda para que sea impulsado desde la Cámara de Diputados de la Nación, rechazando así la renuncia presentada», concluye la carta, firmada por los abogados Federico Méndez y Gastón Llopart.
La causa penal en la que está denunciada la jueza de la Corte tramita ante el juez federal Ariel Lijo y fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli.
