El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró que el Gobierno no quiere «repetir el tarifazo ni tampoco tener las tarifas congeladas», y a la vez garantizó que la suba en las boletas de luz y gas estará «por debajo de la evolución de los salarios».
«No queremos repetir el tarifazo que complicó la vida de muchos argentinos. Ni tampoco tener las tarifas congeladas, sino que su evolución sea por debajo de la evolución de los salarios y que todos los argentinos vayan recuperando la posibilidad de consumir bienes y servicios. Es una decisión política de un Gobierno que entiende que esto es prioritario», enfatizó el funcionario.
En ese sentido, Martínez ratificó que el ajuste que sufrirán los usuarios del servicio de gas será de entre 17% y 20% y que se verá plasmado en los consumos de marzo, que se abonarán en abril.
También, afirmó que ese será el único ajuste que se aplicará en 2022 y anticipó que con las tarifas de electricidad sucederá lo mismo.
En declaraciones radiales, Martínez comentó que el porcentaje de aumento «es el resultado de las audiencias públicas» y añadió: «La decisión de cuánto va a impactar en la factura residencial es del 20% en el AMBA, de manera plana. Es la misma decisión que tomamos el año pasado».
«Las tarifas no están congeladas pero evolucionan mucho menos que el salario de los trabajadores», insistió.
Con relación a los subsidios, el secretario de Energía comentó: «Hablamos de un uso más inteligente. Hay que subsidiar a quienes no pueden afrontar el costo. Es un tema que hay que abordarlo».
«Si la energía es barata o cara depende de la capacidad de cada sector. En eso el Estado tiene que estar atento a los sectores más vulnerables y a seguir ayudando, porque es lo que corresponde.
Queremos recuperar el salario. Es una decisión política que también se tomó el año pasado y no tiene que ver con la discusión con el FMI», evaluó.
El Gobierno autorizó oficialmente el miércoles un aumento del 36% en el ingreso de las empresas distribuidoras y del 60% en el de las transportadoras de gas.
Eso se traduce en un incremento de hasta el 20% en las tarifas para usuarios residenciales y del 15% para pymes.
El ajuste que finalmente se estableció es inferior al reclamo que formularon las empresas en la audiencia pública de mediados de enero último.
