Mavys Álvarez, pareja cubana de Diego Maradona cuando era una adolescente, apeló el archivo de su denuncia por trata de personas y reducción a la servidumbre contra el entorno del fallecido ex astro del fútbol mundial.
Mediante un escrito firmado por sus abogados, Gastón Marano y Marcela Scotti, la joven cubana refutó uno a uno los argumentos del juez Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Rívolo, entre ellos que los hechos imputados ocurrieron fuera de la Argentina.
«Un análisis global de la situación revela que muchos de los hechos típicos que el juez considera como acontecidos en extraña jurisdicción, no se han agotado ciertamente en Cuba, sino que han tenido un principio de ejecución allí y han continuado en nuestro país», sostiene la apelación.
«La víctima fue captada en el país del Caribe, allí se erosionó su voluntad alienándola al separarla de su familia y aislándola, dejándola sin red de contención. También allí, se comenzó a quebrar su voluntad a través de la provisión de drogas que la convirtieron rápidamente en una adicta. Pero esas acciones típicas, antijurídicas y culpables continuaron en Argentina», añadió.
La apelación barajó la posibilidad de ambos delitos, trata o reducción a la servidumbre, pero en ambos casos consideró que «no caben dudas de que -aunque iniciados en extraña jurisdicción- los efectos de estos delitos se han producido en el país».
El abogado también cuestionó la consideración de «participación secundaria» de los imputados en relación con conductas atribuidas a Maradona.
«¿En qué sentido fue secundaria la participación de guardias de seguridad que no permiten que una chica de 16 años abandone un hotel y permanezca privada de la libertad? ¿Y de aquel sujeto que se hacía presente para dejarle de mano propia drogas en su habitación durante su estadía en Argentina? El intento de hacer recaer la responsabilidad únicamente en Maradona es pueril y pretende tapar el sol con la mano», embistió.
El escrito rechaza que los hechos estén prescriptos porque esa situación fue interrumpida por la presencia de un funcionario público, el ex líder cubano Fidel Castro, a quien en todo momento calificó como «dictador».
«Nadie puede ignorar que todo lo que acontecía en torno a Maradona en Cuba (incluso la provisión de drogas al domicilio) estaba bajo el dominio del dictador Castro. ¿Quién podría haber afectado más el ánimo de la víctima, a fin de que no denuncie, que Fidel Castro?», se preguntó Marano.
La legislación argentina interrumpe la prescripción mientras uno de los imputados permanezca en la función pública y, según la interpretación de los abogados de Mavys Álvarez, no necesariamente debe ser un funcionario público argentino.
Pero, además, el escrito hace hincapié en que «los delitos de sometimiento a servidumbre, en todas sus formas análogas es incompatible con las obligaciones asumidas por los estados signatarios» de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
«La niña Mavys Álvarez Rego fue convertida en un objeto sin voluntad propia -conforme su adicción- y a disposición de Maradona para desfogarse sexualmente. Esa es la definición misma de explotación», resumió el escrito.
«Es indudable que la trata, como delito internacional, existe desde tiempo muy anterior a los hechos que se postula aquí se investiguen. (…) Una adecuada perspectiva de género aplicada al caso no puede sino descartar que se impida el acceso a la justicia de una víctima mujer y niña, so pretexto de oscurantismos legislativos», resumió la apelación.
