Una ONG denunció penalmente a la flamante titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena, por los presuntos delitos de «incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad» a raíz de una «prórroga excepcional» que estableció apenas asumió el cargo.
La Fundación Apolo, con el patrocinio de los abogados José Magioncalda y Juan Pablo Pane, sostuvo que de Anchorena dictó una resolución «por la cual estableció una prórroga excepcional de los plazos de los procedimientos administrativos en la ley de acceso a la información pública, cuyo vencimiento opere entre el 10 de marzo y el 10 de abril del 2022».
Los denunciantes cuestionan que De Anchorena «haya suspendido plazos creados por ley, mediante una mera resolución administrativa».
«No se ve ninguna razonabilidad en que la autoridad encargada del cumplimiento de una ley se considere con facultades para suspender su cumplimiento. Al contrario, se trata de un verdadero disparate», sostiene la denuncia.
La causa, que quedó radicada ante el juzgado federal de Sebastián Casanello y quedó registrada con el número 873/2022, advierte que la prórroga podría tornar en ilusorios los derechos que derivan de la aplicación de la ley.
«¿Qué utilidad tendría para un ciudadano recibir la información pública solicitada si, a causa de una ilegítima prórroga, prescriben los plazos para accionar contra ilícitos administrativos o penales de funcionarios públicos?», se preguntaron los denunciantes.
En ese contexto, añadieron: «¿Qué utilidad tendría la información obtenida luego de una prórroga ilegítima, si se vuelve inútil por desactualizada, la información obtenida por un ciudadano, ya sea para controlar al poder o para tomar decisiones sobre su propia vida?».
La ley establece que «la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor», subrayaron.
La Fundación Apolo había cuestionado a De Anchorena en la audiencia pública previa a su designación, al considerar que «carecía de idoneidad profesional y moral» para el cargo.
Los delitos denunciados contemplan penas que llegan hasta los dos años de prisión y multa para el funcionario público que los cometiere.
