La Cámara de Casación bonaerense rechazó un habeas corpus a favor de la libertad de dos dirigentes del gremio Camioneros de San Nicolás detenidos por el bloqueo de una planta en San Pedro en el marco de una protesta gremial.
La Sala Quinta del tribunal casatorio, con las firmas de los jueces María Florencia Budiño y Carlos Natiello, declaró «inadmisible» un planteo de la defensa de los detenidos Maximiliano Emanuel Cabaleyro y Fernando José Espíndola.
A fines de marzo pasado, la jueza de Garantías de San Nicolás María Eugenia Maiztegui ordenó la detención de ambos dirigentes por el bloqueo del acceso a una empresa sampedrina.
La magistrada les reprocha a ambos las figuras de «turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción».
La defensa de ambos, a cargo del abogado Mauricio Gugger, presentó el habeas corpus argumentando que «la decisión del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial San Nicolás que dispuso la detención de sus asistidos, resulta arbitraria».
En ese sentido, explicó que «todavía no ha adquirido firmeza la resolución que denegó la eximición de prisión peticionada en favor de los mismos».
Pero el máximo tribunal penal bonaerense respondió que «la interposición de un Habeas Corpus no autoriza -en principio- a sustituir a los jueces naturales de la causa para venir originariamente ante este Tribunal de Casación, que posee funciones revisoras, con lo que como regla, la acción intentada ante esta Sede resulta inadmisible».
«No surge de los términos de la presentación en trato, la existencia de una situación extraordinaria que habilite a excepcionar la regla general, al no configurarse un supuesto de afectación manifiestamente ilegal o arbitraria de la libertad personal del imputado», añadió el fallo.
La Casación sostuvo que los pedidos para obtener la excarcelación de ambos sindicalistas «deben ser articuladas a través de las vías procesales ordinarias».
La situación de los dos será analizada hoy en una reunión de la cúpula sindical, que evalúa acciones de protesta por lo que consideran la «consolidación de la criminalización de la protesta social».
