El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por el término de 15 días y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) acatará la medida, por lo que se levantó el paro previsto desde las 22 de hoy y hasta las 6 del miércoles en todos los servicios de transporte de colectivos de corta y media distancia de todo el país en reclamo de la reapertura de las paritarias.
Finalmente el Gobierno dispuso la conciliación obligatoria luego de trascendidos que circularon en las primeras horas de este martes sobre la oficialización de la medida y de un comunicado falso del gremio que fue desmentido por sus autoridades.
La cartera que comanda Alexis Guerrera resolvió «intimar a la entidad sindical y a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto, durante el período indicado en el artículo anterior, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».
En tanto, a las cámaras empresariales las intima a «abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado».
La disposición ministerial además «exhorta a las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas».
Por último, el documento gubernamental «ratifica la audiencia fijada para el día jueves 4 de agosto a las 14:30 horas mediante plataforma virtual, a fin de evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado en la presente».
El paro fue anunciado el pasado miércoles en «reclamo de adelantamiento de paritarias» y de «un urgente incremento salarial», señalando que se encuentran «insólitamente con un sector empresario que reconoce la justeza del reclamo, pero que manifiesta no poder económicamente hacerle frente».
Por su parte, los empresarios nucleados en la Cámara Empresaria de Transporte Urbano (CETUBA), la CEAP y la CTPBA habían reducido la frecuencia del servicio al 50% durante la semana pasada, manifestando que el Estado estaba atrasado con el pago de los subsidios correspondientes a las compañías que prestan el servicio en el AMBA.
Lo adeudado por el Ejecutivo ronda los 14 millones de pesos, según estimaron los empresarios, y el Gobierno tomó nota del reclamo y decidió saldar la mitad de la deuda.
En el transcurso de las jornadas de protesta hubo 100 líneas de colectivos que redujeron sus frecuencias.
