El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, advirtió sobre irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) y apuntó contra sus autoridades por no corregir los «incumplimientos que se denunciaron en la auditoría».
A través de una nota enviada al Directorio de la OSPJN, presidido por Mariano Althabe, el magistrado afirmó que «es particularmente grave que no haya presupuesto del año 2022, ni 2023» y se quejó de que en un escrito se informó que se le había encomendado su elaboración a una contadora que «renunció de manera abrupta».
Además, también alertó a Althabe que «los únicos balances que no están presentados son los del año 2021 y 2022, que corresponden a su gestión».
Lorenzetti planteó que una auditoría realizada a la obra social reveló «irregularidades contables y administrativas, lo que fue publicado y enviado al Juzgado que investiga los hechos del Directorio, por decisión de esta Corte».
El magistrado remarcó que un nuevo control sobre el OSPJN señaló que «se revelan incumplimientos durante la gestión del doctor Althabe» y, al referirse a una nota enviada por el Directorio de la obra social al máximo tribunal, afirmó: «No explica por qué sigue con los mismos incumplimientos que se denunciaron en la auditoría».
El juez también criticó «aspectos formales» del escrito presentado por las autoridades de la obra social, en respuesta a un requerimiento hecho en agosto de 2022: «Es extemporáneo contestar casi seis meses después, vencido el plazo».
«La nota es inválida desde todo punto de vista. Quien debía informar era el Directorio, que actualmente son cinco personas.
Los dos nuevos integrantes todavía no asumieron formalmente. En especial, la representante del gremio que firma no tenía contrato al momento de firmar. Tampoco firmó el doctor (Aldo) Tonón, ni hubo reunión de Directorio, ni acta que respalde ese informe. De manera que es inválido por no representar al órgano de dirección», manifestó el rafaelino.
Y concluyó: «En consecuencia, corresponde declarar incumplido el traslado e iniciar el procedimiento legal que corresponda ante las autoridades de contralor».
El deterioro de los servicios y las sospechas en torno a una serie de licitaciones de la OSPJN forman parte del expediente del juicio político que enfrentan los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
