El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue denunciado por advertir durante una entrevista periodística que si la oposición ganara las próximas elecciones presidenciales, habrá «calles regadas de sangre y de muertos».
La acusación fue realizada en la mañana de este viernes a título personal por el abogado Gastón Marano, defensor del jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como «los Copitos», Gabriel Carrizo, quien se encuentra detenido en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
«Es cierto que la libertad de expresión cuenta con protección constitucional y convencional, pero no es menos cierto que eso no habilita a la impunidad ante determinados dichos sancionados por las normas», resumió la denuncia, de dos páginas.
El expediente quedó registrado con el número 1191/23 y fue asignado por sorteo al Juzgado Federal número nueve, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que investiga el intento de asesinato contra Cristina Kirchner.
«Determinadas formas de discurso, como las calumnias, las injurias, o el discurso de odio, se encuentran punidos en nuestro ordenamiento. También es el caso de este tipo de frases inflamatorias, con virtualidad para poner en jaque nuestro sistema electoral y su normal funcionamiento», subrayó el denunciante.
Marano subrayó que «las expresiones cuestionadas han sido vertidas por un funcionario público de máxima jerarquía».
La denuncia apunta a los delitos de intimidación pública y violación de un artículo de la ley electoral.
El artículo 211 del Código Penal establece penas de dos a seis años para quien «para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común».
En tanto, el artículo 139 de la norma electoral pena «con prisión de uno a tres años a quien compeliere a un elector a votar de manera determinada».
«Amenazar con consecuencias ominosas en caso de que un candidato en particular sea elegido no es otra cosa que compeler a los electores a votar por alguien que no sea ese candidato», consideró el denunciante.
