CIFRA sostiene que la brutal devaluación que marcó el inicio de la política económica del gobierno de Milei provocó una pérdida de alrededor de 30% en el poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Desde entonces, las cinco reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo que tuvieron lugar en esta gestión finalizaron sin acuerdo entre el sector empresario y los representantes de los trabajadores. Como resultado, fue la Secretaría de Trabajo la que determinó los aumentos nominales –prácticamente equivalentes a la propuesta empresarial–, los cuales no sólo no buscaron recuperar el poder de compra perdido tras la devaluación, sino que incluso continuaron erosionándolo.
La pérdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en agosto de 2025 en un nivel real que resulta 43,4% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 56,7% menor que noviembre de 2015. Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de adquisitivo a lo largo de esta década, superaría actualmente los $ 740.000.
Esta fuerte reducción ha debilitado la relación entre el salario mínimo y los salarios efectivamente pagados: representa en la actualidad menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado.
Tras este retroceso histórico, el valor real del salario mínimo es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de Convertibilidad, cuando, como ocurre hoy, esta política había sido deliberadamente abandonada como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad en los ingresos.
La comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso peor que la del año 2001. En julio, una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que determina la línea de pobreza
