Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Interuniversitario Nacional brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que advirtieron sobre la gravedad de la situación presupuestaria.
La UBA aplicará un plan de emergencia para garantizar su funcionamiento en la actual situación de crisis y confirmó una nueva Marcha Federal cuando Diputados trate el veto.
A pocas horas del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, la Universidad de Buenos Aires llevó a cabo hoy una conferencia de prensa junto a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional. Participaron el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, el presidente del CIN, Oscar Alpa, y el vicepresidente del mismo organismo, Franco Bartolacci. Allí, la UBA anunció un plan de emergencia de restricción de gastos operativos para poder terminar el año, y una nueva Marcha Federal Universitaria para el día que la Cámara de Diputados discuta el veto presidencial.
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, expresó: “Desde la prórroga del presupuesto 2023, situación que se repite en el presente ejercicio, las Universidades Nacionales de nuestro país vienen atravesando una situación crítica y cada vez más incierta. La falta de una ley, genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, salud y extensión”.
En ese marco, advirtió que: “Con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”. Y agregó: “Que quede claro: cuando hablamos de crisis en las universidades públicas, hablamos de investigación científica sin recursos, de desarrollo tecnológico estancado, de salud pública que no puede curar, de producción que se resiente, de innovación que nunca llega, de miles de estudiantes que se quedan sin posibilidades de un porvenir mejor”.
Por su parte, el presidente del CIN, Oscar Alpa, manifestó que: “El país atraviesa una situación gravísima: desde hace dos años no tiene presupuesto nacional y para las universidades públicas la situación es extrema también porque es a partir del presupuesto que se financia el sistema, la autarquía y la autonomía universitaria”.
Finalmente, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, expresó: “Estamos realmente muy preocupados por la situación que atravesamos. Teníamos la esperanza de que el presidente de la Nación pudiera, en este contexto tan delicado del país, recapacitar y promulgar una ley razonable y responsable que solucionara los problemas urgentes que atraviesa el sistema universitario argentino. Eso no sucedió y necesitamos, con urgencia, que el Congreso de la Nación pueda sostener esta ley y vetar ese veto”.
El sistema universitario, y la UBA en particular, enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes. Desde diciembre de 2023, la inflación acumuló un 250% mientras los salarios sólo aumentaron un 95%, lo que significó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los trabajadores. En la función educación, los gastos operativos registran desde mayo de 2024 una caída real del 30%. La situación es más crítica en salud: hasta agosto, el presupuesto de los Hospitales Universitarios estuvo congelado y la actualización posterior no recompuso el financiamiento, sino que apenas cubrió parte del impacto inflacionario para sostener la atención básica.
La Ley de Financiamiento Universitario prevé la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y nodocentes según la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
