Fabián Grillo, el padre de Pablo, el fotógrafo que recibió un impacto de proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza en una de las habituales manifestaciones de los miércoles, aseguró que la evolución de su hijo “es muy buena”.
En declaraciones radiales, indicó que, de a poco, “está jugando a la pelota y al truco con sus amigos” y que, además de hablar mucho más, “está empezando a comer con la boca, dejando la sonda de lado».
Por otra parte, no dejó de referirse a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, más allá del procesamiento que recibió el gendarme Héctor Guerrero, acusado de haber sido el autor del disparo: “El nivel de impunidad que maneja es increíble. El prontuario de ella es terrible, estuvo en muchos lugares y siempre el resultado que dejó fue daño«, agregó.
Esta semana, la Justicia Federal decidió procesar sin prisión preventiva al gendarme Guerrero, acusado de disparar el cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza de Pablo durante la Marcha de los Jubilados, el pasado 12 de marzo, en las inmediaciones del Congreso.
La jueza María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, firmó el fallo que imputa a gendarme por los delitos de ‘lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad’.
El expediente judicial no sólo se centra en la herida a Grillo, sino que también revela un patrón de uso indebido de la fuerza: Se determinó que Guerrero efectuó el disparo de manera prohibida y que, además, realizó otros cinco con el mismo accionar irregular. Como consecuencia del procesamiento, Servini ordenó también el embargo de los bienes del gendarme.
El reportero gráfico sufrió una “herida contuso compleja en rostro región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo frontotemporoparietal izquierda, hematoma subdural derecho y hematoma epidural izquierdo”, lesiones que demandaron múltiples cirugías y que lo obligaron a permanecer internado durante varios meses.
Este caso se suma a una serie de investigaciones sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante protestas públicas, reavivando el debate sobre los protocolos de uso de la fuerza y la protección de los periodistas y trabajadores de prensa.
