En el marco del aumento de casos de fiebre amarilla en América Latina y las alertas sanitarias emitidas durante octubre, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, expresó su profunda preocupación por el impacto de las decisiones del Gobierno nacional en materia de prevención y cuidado de la salud pública.
Desde agosto, cuando la gestión de Javier Milei anunció que la vacuna contra la fiebre amarilla dejaría de aplicarse de forma gratuita para personas que no residan en zonas consideradas endémicas, Kreplak alertó públicamente que esta medida significaba abandonar una política estratégica de salud pública.
“Limitar el acceso a una vacuna esencial en función de criterios geográficos es una decisión regresiva que pone en riesgo a miles de personas, especialmente a quienes viajan a zonas de circulación viral o viven en regiones cercanas a áreas de brote”, había señalado entonces el ministro.
A dos meses de ese anuncio, la evolución epidemiológica de la región confirma sus advertencias. La aparición de casos en zonas no tradicionales y más próximas a centros urbanos encendió las alarmas de organismos internacionales y autoridades sanitarias, mientras que el Gobierno nacional mantiene la decisión de restringir el acceso gratuito, trasladando el costo de la prevención a las familias y profundizando la fragmentación del sistema.
Este año la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó que son 354 los casos confirmados de fiebre amarilla en América del Sur, principalmente en Brasil y Colombia, y 151 las personas fallecidas. A esta altura de 2024, se reportaban alrededor de 61 casos. Esto se traduce en un aumento interanual de 480%.
Ante este incremento, en mayo, la OPS realizó una evaluación rápida de riesgos (RRA) y solicitó a los países que refuercen la vigilancia, la vacunación y las estrategias de comunicación.
“El retiro del Estado no es una consigna ideológica: es el Estado dejando de vacunar, de cuidar, de prevenir, de estar presente donde más se lo necesita”, sostuvo este lunes Kreplak en una nueva publicación.
Asimismo, reafirmó que la Provincia de Buenos Aires continuará sosteniendo una política activa de cuidado, fortaleciendo sus programas de inmunización y garantizando el acceso a las vacunas como un derecho y no como una mercancía.
Finalmente, el ministro advirtió que “no se puede enfrentar un escenario epidemiológico complejo con medidas que debilitan la infraestructura preventiva. Reducir la salud a una variable de ajuste puede tener consecuencias irreversibles. Frente a las alertas sanitarias, es momento de actuar con responsabilidad, no de retroceder”.
