La República Argentina y los demandantes encabezados por Burford Capital volvieron a verse las caras este miércoles en Nueva York, en el marco de una audiencia de seguimiento del proceso judicial por la expropiación de YPF, que se tramita ante el tribunal a cargo de la jueza Loretta Preska.
La audiencia se desarrolló tras el pedido de sanciones presentado por Burford Capital y la solicitud de suspensión total del proceso impulsada por el Estado argentino, según informó la Procuración del Tesoro de la Nación. El encuentro formó parte del seguimiento del proceso de discovery ordenado por el tribunal y ya se encontraba previsto con antelación.
Desde el Gobierno nacional señalaron que la convocatoria fue fijada desde fines del año pasado y cuestionaron la escalada de presión de los demandantes. “Resulta improcedente insistir en requerimientos de información sobre activos amparados por inmunidades soberanas”, indicaron fuentes oficiales, al advertir que exigir datos al Banco Central sobre la localización de activos sería equivalente a reclamarle a la Reserva Federal de Estados Unidos información sensible sobre sus propias tenencias.
Asimismo, desde la defensa argentina remarcaron que durante la audiencia el país reafirmó su compromiso de completar la documentación pendiente sobre los puntos previamente acordados y de continuar avanzando en las comunicaciones vinculadas a ciudadanos que manifestaron su voluntad de cooperar con el proceso.__IP__
En ese sentido, destacaron que la Argentina continúa demostrando responsabilidad y buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones procesales, aun cuando mantiene firme el pedido de suspensión del proceso. “Frente a este nivel de presión, el Estado sostiene una postura firme en la defensa de sus derechos y en el uso de todas las herramientas legales disponibles”, explicaron.
Finalmente, desde la representación argentina subrayaron que la audiencia permitió reiterar la posición del país respecto de la improcedencia de ciertos requerimientos formulados en el discovery y reafirmar la decisión del actual Gobierno de sostener una estrategia jurídica activa en el litigio.
