En Argentina Week, el Presidente volvió a atacar a quienes defienden la producción nacional y profundizó un debate de fondo. Con la industria golpeada y la UIA en alerta, también la oposición queda obligada a definir con claridad qué modelo productivo quiere defender.
Darío Gannio
Javier Milei volvió a dejar en claro que no hay malentendido posible sobre su mirada de la industria argentina. El martes 10 de marzo, en el Argentina Week de Nueva York, no habló de reconversión, de productividad ni de una transición ordenada hacia una economía más competitiva. De hecho no es posible durante sus discursos escuchar que la palabra “producción” salga de su boca. Habló, en cambio, en clave moral: dijo que quienes defienden la industria nacional “son unos chorros”, calificó a Paolo Rocca y a Javier Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios” y sostuvo que la protección comercial fue, durante años, una forma de saqueo avalada por el Estado. No fue una frase al pasar. Fue una definición de fondo.
El problema es que esa sentencia presidencial llega cuando los datos muestran una industria todavía golpeada. Según el INDEC, en enero de 2026 la producción industrial manufacturera cayó 3,2% interanual. Y este viernes 13 de marzo se conoció además que la utilización de la capacidad instalada fue de apenas 53,6%, por debajo del 55% de enero de 2025. En sectores sensibles, el cuadro es mucho más duro: la automotriz trabajó al 24%, la metalmecánica al 31,4% y textiles al 23,7%. No hace falta adherir a ningún “fetiche industrialista” para advertir que esos números describen un problema productivo serio, no una simple pataleta corporativa.
Por eso no sorprendió la reacción de la UIA. La central fabril habló de “agravio injusto” y pidió reconstruir un clima de respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo. Pero además hizo algo más importante: puso sobre la mesa una discusión que el Gobierno quiere clausurar con adjetivos. La entidad recordó que la industria representa el 19% del PBI, aporta el 27% de la recaudación nacional y sostiene 1,2 millones de empleos directos, además de millones de puestos indirectos en sus cadenas de valor. Incluso en su crítica, la UIA no rechazó de plano la necesidad de reformas, equilibrio fiscal o integración internacional; lo que cuestionó fue la idea de que la transición pueda hacerse a los golpes, como si todo el aparato productivo fuera apenas una asociación ilícita con chimeneas.
Tal vez ahí esté una de las claves políticas de esta semana. Milei eligió trazar una frontera nítida: de un lado, la apertura, la desregulación y el consumidor; del otro, todo el que defienda industria, aranceles o protección, al que ubica sin demasiados matices del lado del privilegio. Si esa es la línea oficial, la discusión pública también debería ordenarse con más honestidad. La oposición que pretenda ofrecer una alternativa no puede responder con medias tintas, ni con vergüenza, ni con el reflejo burocrático de administrar el daño. Tiene que animarse a defender de manera firme la producción argentina, pero hacerlo bien: no para justificar empresarios cazando en el zoológico, sino para discutir cómo se construye competitividad real, cómo se baja el costo argentino y cómo se evita que la apertura sea, en los hechos, una licuadora de empleo, pymes y capacidades tecnológicas.
Porque a esta altura ya no se trata solamente de una pelea entre Milei y algunos industriales famosos. Lo que está en juego es si la Argentina va a tener un proyecto de desarrollo con producción y trabajo o si va a resignarse a que cualquier defensa del entramado nacional sea presentada como una estafa. El Gobierno ya eligió su narrativa. Falta que enfrente aparezca una voz capaz de defender otra: moderna, exigente, competitiva, pero inequívocamente comprometida con que en la Argentina se produzca, se invierta y se trabaje.
