El martes 21 de abril a las 14 horas, en el Anexo del Senado de la Nación (Hipólito Yrigoyen 1710, CABA), organizaciones feministas, de derechos humanos y del ámbito jurídico, junto a senadoras y senadores, convocamos a una conferencia de prensa para expresar nuestro repudio y denunciar públicamente los riesgos y las falacias del proyecto de ley S-228/2025, presentado por la senadora Carolina Losada.
Esta iniciativa ―que ya cuenta con dictamen de comisión y propone agravar las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento en casos vinculados a violencia de
género, delitos contra la integridad sexual y contra niñas, niños y adolescentes― constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos y contradice los marcos normativos y
constitucionales, así como los tratados internacionales a los que Argentina adhiere, profundizando las barreras de acceso a la justicia y reduce la capacidad de protección del
Estado frente a la violencia y el abuso.
La conferencia contará con la participación de María Elena Naddeo, referente en derechos de niños, niñas y adolescentes y ex titular del Consejo de los Derechos de los Niñas, Niños,
y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires; Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Natalia Gherardi, directora ejecutiva
del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Alejandra Tolosa, integrante del CLADEM Argentina; e Ileana Arduino, abogada penalista especializada en género y ex
subdirectora del INECIP, quienes intervendrán una mirada experta desde el campo jurídico, las políticas públicas y la defensa de los derechos humanos.
Un proyecto sin evidencia, con consecuencias concretas
Este proyecto se apoya en un diagnóstico falso: no existe evidencia que demuestre una alta incidencia de denuncias falsas en casos de violencia de género. Por el contrario, los datos
disponibles muestran que se trata de una problemática marginal, mientras que la gran mayoría de las situaciones de violencia no se denuncian.
En Argentina, solo una minoría de mujeres que atraviesan situaciones de violencia logra acceder al sistema judicial, en un contexto atravesado por múltiples obstáculos: barreras
económicas, falta de información, revictimización institucional y dilaciones en los procesos.
Más castigo, menos denuncias
Esta propuesta no mejora el funcionamiento del sistema, sino que introduce un efecto disuasorio: la amenaza de sanciones penales agravadas puede desalentar a quienes
necesitan denunciar situaciones de violencia o abuso, especialmente en contextos donde la prueba es difícil de producir. Esto implica un riesgo concreto: menos denuncias, más
silencio y mayor desprotección, particularmente para niñas, niños y adolescentes.
Estigmatización y uso regresivo del derecho penal
Se refuerzan estereotipos históricos que ponen en duda la palabra de las mujeres, instalando la idea de que las denuncias pueden ser falsas como regla y no como excepción.
Este enfoque carece de sustento empírico y habilita el uso del derecho penal como disciplinamiento hacia quienes denuncian. Además, se desincentiva la participación de
testigos y profesionales —psicólogas/os o médicas/os— fundamentales para acreditar hechos de violencia, debilitando aún más las posibilidades de acceso a la justicia.
Una advertencia de organismos internacionales
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ya expresó su preocupación por este tipo de reformas y recomendó al Estado argentino no avanzar con
modificaciones que desalienten las denuncias o menoscaben la credibilidad de las víctimas.
Convocatoria a la prensa
Martes 21 de abril, 14 h.
Anexo del Senado de la Nación – Hipólito Yrigoyen 1710,
CABA
