La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Federal para declarar inconstitucionalidad la ley de Reforma Laboral № 27.802, que desvía fondos de la seguridad social para financiar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), sancionada el 1 de junio de 2026.
“Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde”, enfatizó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional y anticipó que “el FAL terminará de hacer quebrar a un sistema previsional que ya venía golpeado”.
“Estamos frente a un desfinanciamiento del ANSES sin precedentes, multimillonario, que aleja cada vez más a los jubilados de la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo que perdieron sus haberes”, completó Aguiar.
Es que la ley permite a los empleadores descontar de sus contribuciones al sistema previsional el mismo monto que aportan al FAL. En la práctica, las empresas dejan de pagar las indemnizaciones por despido directamente, y estas pasan a ser cobradas por los trabajadores a través de un fondo financiado con sus aportes jubilatorios.
“La Justicia debe intervenir y no dudar en defender los intereses de aquellos que han sido los más afectados por el programa económico de Milei, que son los jubilados”, concluyó el dirigente estatal.
El desfinanciamiento se estima en no menos de 3.000 millones de dólares anuales. Si el porcentaje aportado al FAL alcanza su tope del 3%, el sistema previsional perderá el 16,5% de sus ingresos, todo esto en un contexto donde el sistema ya hoy no alcanza a cubrir las prestaciones vigentes.
La demanda es contra el artículo 76 de la ley de Reforma Laboral y el artículo 24 del Decreto 408/2026. Se presentó como un reclamo colectivo en favor de todos los jubilados, pensionados y trabajadores que aportan al sistema estatal (SIPA). El objetivo es que la decisión final del juez proteja a todas las personas del sistema, y no solo a los afiliados del sindicato ATE. Además, se pidió una medida cautelar para frenar la aplicación de las normas mientras se define el juicio.
El sindicato señaló que la ley es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis —que protege a los trabajadores y jubilados— y los tratados internacionales de derechos humanos que el país se comprometió a respetar, especialmente los que defienden a las personas mayores.
