La decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario desató una verdadera tormenta en el Gobierno. En el oficialismo aparecieron preguntas y quejas sobre la estrategia que se trazó, con miradas que se sostuvieron contra las espadas judiciales.
Tal como pudo saber Agencia Noticias Argentinas, el revés judicial es muy costoso y de difícil cumplimiento para la gestión de La Libertad Avanza. Se habla de que la normativa, que actualiza fondos para las casas de estudio, tiene un costo de 1.3 billones de pesos. Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, ya avisó que no hay partidas para cumplir con esa obligación. Pero, con este escenario, ya comenzó a recalcular números.
A su vez, aparece sobre la mesa de conversación en las altas esferas el rol que jugaron las espadas judiciales. Fuentes libertarias aportan que el ministerio de Capital Humano contaba con diálogos sólidos con los rectores para avanzar con una nueva ley de Financiamiento Universitario. Un proyecto alineado con el cuidado de las cuentas públicas.
Sin embargo, ese texto, que muchos dirigentes oficialistas consideraron que era urgente debatirlo, no tuvo velocidad de debate en el Congreso. Muchos atribuyen esta demora al plan que diseñaron aquellos operadores judiciales cuya orbita está determinada por el ministerio de Justicia. Y a ciertas autoridades parlamentarias que actuaron en consonancia.
