La provincia de La Rioja volvió a quedar bajo la lupa por el uso de Chachos para acompañar la recomposición salarial de los estatales, una medida que el gobierno de Ricardo Quintela presenta como alivio para los trabajadores, pero que también expone la fragilidad de las cuentas públicas y el deterioro del poder adquisitivo.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la administración provincial anunció una recomposición de entre 14% y 15%, con un esfuerzo adicional mensual estimado en $12.200 millones y una masa salarial que pasaría de alrededor de $81.000 millones a $94.000 millones.
El dato sensible es que una parte del incremento incluye una suma de $50.000 en Chachos, el bono de cancelación de deuda provincial que ya se convirtió en símbolo de la crisis riojana. La señal política es fuerte: si el salario necesita ser completado con una herramienta paralela al peso, el problema no es solo salarial, sino fiscal y económico.
Quintela intenta mostrar que la Provincia sostiene el ingreso de los empleados públicos en un contexto adverso, pero la lectura opositora y social es mucho más dura. Los estatales no solo miran el porcentaje anunciado: miran cuánto pueden comprar, dónde pueden usar los bonos, qué comercios los aceptan y cuánto valor real conserva ese instrumento en la vida cotidiana.
La decisión vuelve a poner a La Rioja en un lugar incómodo. Mientras otras provincias discuten paritarias, obra pública o cuentas fiscales, el gobierno riojano queda otra vez asociado a una cuasimoneda para cubrir parte del alivio salarial.
El gobernador deberá explicar cuánto tiempo seguirá usando los Chachos, cuál es el nivel de aceptación real, qué costo financiero tiene la operatoria, cómo se controla su circulación y cuándo los trabajadores volverán a recibir íntegramente su recomposición en pesos.
El problema de fondo es que la herramienta puede ayudar a atravesar el corto plazo, pero también transmite una señal de debilidad. Un salario que necesita bonos provinciales para completarse deja de ser solo ingreso laboral y pasa a ser un experimento de supervivencia fiscal.
La Rioja enfrenta así una paradoja política: el Gobierno anuncia aumentos, pero el formato del aumento confirma la crisis. Y cada vez que los Chachos vuelven al centro de la escena, Quintela queda obligado a responder una pregunta simple: si la provincia está ordenada, ¿por qué sus trabajadores necesitan cobrar parte del alivio en bonos?
Agencia NA
