La Cámara de Turismo de Tierra del Fuego difundió un diagnóstico que golpeó a la gestión de Gustavo Melella: contabilizó casi seis semanas de escuelas afectadas por medidas de fuerza, advirtió sobre la falta de certezas operativas en el puerto de Ushuaia y cuestionó subas impositivas previstas para sectores vinculados con el turismo. Según supo la Agencia Noticias Argentinas.
El presidente de la entidad, Patricio Cornejo, sostuvo que el turismo mayorista pasaría de una alícuota de Ingresos Brutos del 2% al 8% en el esquema presupuestario bajo discusión. A esa carga sumó otro 1,5% destinado al financiamiento de servicios sociales y un eventual incremento del impuesto de Sellos sobre resúmenes de tarjetas. Las cifras corresponden a la lectura empresaria de las medidas proyectadas y no equivalen a una liquidación tributaria ya aplicada.
La advertencia encontró a Ushuaia con la arteria central parcialmente ocupada por un acampe y con conflictos que ya habían atravesado el sistema educativo. Cornejo afirmó que la interrupción de clases alcanzó casi seis semanas y vinculó esa pérdida con la futura disponibilidad de recursos humanos. El señalamiento no desconoce el derecho de los trabajadores a reclamar, pero coloca sobre el Ejecutivo la responsabilidad de conducir una negociación que no consiguió garantizar continuidad escolar.
El frente más delicado apareció en el puerto. El titular de la cámara señaló que el muelle de catamaranes permanece inhabilitado y que el sector privado recibe información mínima sobre su reparación y sobre el funcionamiento previsto para la temporada. También atribuyó a trabajadores desplazados de la Dirección Provincial de Puertos el envío de comunicaciones a operadores y medios especializados con advertencias sobre posibles bloqueos.
Esa acusación sobre los mensajes queda expresamente atribuida a Cornejo: no fue acompañada en la publicación por una denuncia judicial ni por copias de todas las notas. El dato operativo comprobable es que el sector turístico llegó a la víspera del comienzo de la actividad de Australis con un muelle inhabilitado, una intervención portuaria cuestionada y 140 trabajadores de la DPP alcanzados por el conflicto, según la cámara.
El empresario calculó entre 500 y 550 recaladas para la temporada y recordó que la confirmación de una reserva no obliga a una compañía a operar si considera que no existen condiciones. El riesgo futuro debe mantenerse como una proyección sectorial, no como una cancelación ya ocurrida. Hasta la publicación del informe no se había informado una baja masiva de cruceros atribuible al conflicto.
Cornejo reconoció que julio tuvo un volumen turístico récord y que septiembre conservaba indicadores favorables de pasajeros y ocupación. Esa precisión impide describir una temporada ya fracasada. Su objeción se concentró en la rentabilidad, los costos, la caída del consumo por visitante y el efecto acumulado de los conflictos públicos sobre la imagen del destino.
La crítica distribuyó responsabilidades entre Provincia y Nación por la disputa portuaria, pero señaló de manera directa al Ejecutivo fueguino por la gestión educativa, fiscal y administrativa local. Al 14 de septiembre, las seis semanas de conflicto escolar ya habían transcurrido, el muelle de catamaranes seguía inhabilitado y la cámara había dejado asentado que el sector carecía de un canal estable de información con la intervención.
