El Gobierno de Osvaldo Jaldo publicó el 15 de septiembre el decreto que reasignó $700 millones para subsidiar a 26 asociaciones de Bomberos Voluntarios y dos federaciones de Tucumán, después de que los cuarteles se declararan en alerta y reclamaran el cumplimiento del régimen provincial de financiamiento.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida quedó formalizada en el Decreto N° 2.003/3 (SH), incluido en el Boletín Oficial N° 31.283. El instrumento fue firmado el 28 de agosto, pero su publicación oficial dentro de la ventana solicitada constituyó la novedad que documentó públicamente la adecuación presupuestaria.
El expediente fue iniciado por la Dirección Provincial de Defensa Civil. El texto estableció que los recursos se destinarán a equipos de protección personal para la atención de siniestros, mantenimiento de autobombas y móviles de rescate, además de mejoras edilicias en los cuarteles. No se trata de una cifra anunciada en un acto: el monto quedó incorporado a un acto administrativo concreto.
Para habilitar los subsidios, el Ejecutivo extrajo $700 millones de la jurisdicción “Obligaciones a Cargo del Tesoro” y aumentó por la misma suma el crédito del Ministerio de Seguridad en la partida de transferencias a instituciones sin fines de lucro. Los fondos provienen del Tesoro General provincial.
El decreto también exceptuó ese crédito de las restricciones de los artículos 1° y 21° del Decreto N° 1/3 (SH)-2026 y de sus modificatorias. La necesidad de abrir esa excepción muestra que la partida no se encontraba originalmente disponible en el área ejecutora con las condiciones requeridas para atender el expediente.
La decisión llegó después de reclamos públicos de los bomberos. El 20 de agosto, representantes de 25 cuarteles agrupados en la Federación 3 de Junio y la Federación del Norte volvieron a declararse en alerta tras evaluar el cumplimiento de la Ley provincial 9.039.
Esa norma establece en su artículo 38 un subsidio anual que debe ser presupuestado por el Poder Ejecutivo y distribuido entre asociaciones y federaciones habilitadas.
El antecedente no debe confundirse con la novedad actual. Antes de esta reasignación, el Gobierno había dispuesto más de $68,5 millones para seguros de accidentes personales y responsabilidad civil de vehículos. El decreto publicado el 15 corresponde a otro destino y a otra magnitud: protección personal, unidades de emergencia y edificios.
La administración provincial respondió con la adecuación contable, refrendada por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y firmada también por el secretario de Hacienda, Adrián Dicker.
El acto acredita la disponibilidad presupuestaria, aunque no documenta por sí solo la fecha de pago individual a cada cuartel; por eso la medida se presenta como una reasignación y no como dinero ya depositado.
Agencia NA
