El gobernador Gustavo Melella colocó a la Legislatura de Tierra del Fuego ante un plazo de 30 días para rechazar su proyecto de financiamiento educativo y habilitó así la posibilidad de que nuevas cargas tributarias queden aprobadas sin una votación afirmativa expresa.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa fue registrada como Asunto 519/26 y remitida por el Poder Ejecutivo con pedido de trámite de urgencia, un mecanismo previsto en el artículo 111 de la Constitución provincial. La consecuencia institucional es concreta: si la Cámara no la desecha dentro de los 30 días desde su recepción, el texto se considera aprobado.
El dato adquirió centralidad el domingo 27, cuando se conocieron en detalle tanto el procedimiento elegido por el Gobierno como las fuentes con las que pretende integrar el fondo.
El esquema no se limita a reasignar partidas existentes, sino que incorpora recursos tributarios y utilidades de empresas estatales.
Entre sus puntos más sensibles figura un adicional del 3 por ciento de Ingresos Brutos sobre las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego, para el cual se elimina la aplicación de una exención del Código Fiscal. También fija una alícuota del 3,4 por ciento para una actividad vinculada con la distribución de gas natural.
El fondo podrá recibir, además, el 0,5 por ciento de la recaudación general de Ingresos Brutos —fuera del régimen general de distribución municipal—, hasta el 40 por ciento de los recursos adicionales que generen cambios de alícuotas, bases imponibles o revalúos del impuesto inmobiliario y hasta el 10 por ciento del remanente distribuible de las empresas provinciales.
La administración de Melella presentó la propuesta como una solución de largo plazo luego de la emergencia salarial docente y del conflicto que mantuvo las aulas paralizadas durante semanas.
El texto dispone que no menos del 50 por ciento del fondo vaya a salarios, al menos el 25 por ciento a mantenimiento, servicios e infraestructura y un mínimo del 15 por ciento a equipamiento, tecnología y herramientas didácticas.
El legislador Matías Lapadula anunció que solicitará una sesión especial para retirar la urgencia. Cuestionó que un diseño destinado a regir durante varios ejercicios pueda sancionarse sin discusión en comisiones y advirtió que la mayor carga sobre el gas podría trasladarse a hogares, comercios y generación eléctrica.
Esas consecuencias constituyen su posición política y todavía no una estimación oficial del impacto final.
El Ejecutivo, por su parte, sostuvo que los recursos tendrán afectación específica, serán adicionales a los fondos educativos existentes y permitirán avanzar en hasta cinco ejercicios hacia una inversión equivalente al 7,8 por ciento del Producto Bruto Geográfico provincial.
Esa meta está condicionada en el propio proyecto por la evolución económica y la disponibilidad efectiva de recursos.
Agencia NA
