La Universidad de Buenos Aires convocó a la quinta Marcha Federal Universitaria para el próximo jueves 15 de octubre a las 16 en la Plaza del Congreso.
La movilización tiene como objetivo reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y defender la educación pública y no arancelada.
Las columnas pertenecientes a la institución partirán a las 13.30 desde la intersección de Avenida Córdoba y Uriburu con la participación de decanos, autoridades, estudiantes, docentes y personal nodocente de las facultades y centros de salud.
Campaña en redes sociales y el reclamo por los fondos
Bajo el lema «Códigos, reglas, leyes. Se cumplen», la UBA lanzó una serie de producciones audiovisuales en sus plataformas digitales para sumar adhesiones a la protesta.
La iniciativa exige al Poder Ejecutivo que aplique la Ley 27.795, la cual fue sancionada y ratificada por dos tercios del Congreso de la Nación en 2025. El sector académico advierte que la falta de partida presupuestaria afecta la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la atención sanitaria.
El conflicto legal sumó varios antecedentes desde que el Congreso aprobó la normativa en agosto de 2025 y el presidente Javier Milei la vetó mediante el Decreto 647/25.
Tras la ratificación legislativa, la gestión nacional promulgó la medida a través del Decreto 759/25, pero suspendió su ejecución argumentando la falta de financiamiento específico previsto en el Presupuesto Nacional.
Batalla judicial y vigencia de la medida cautelar
La suspensión del texto derivó en un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y diversas casas de altos estudios. En el marco de este proceso, el juez Martín Cormick otorgó una medida cautelar para ordenar el cumplimiento inmediato de los artículos vinculados al ajuste de los salarios docentes y el pago de las becas estudiantiles.
Dicha resolución fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada posteriormente por la Corte Suprema.
El pasado 6 de octubre, el magistrado resolvió sobre el fondo de la cuestión y declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/25.
Pese a que el Gobierno Nacional presentó una apelación que fue concedida el 9 de octubre por el propio Martín Cormick, la Justicia dejó asentado que la medida cautelar que exige actualizar las partidas presupuestarias se mantiene plenamente vigente.
