La Cámara Federal porteña rechazó una «queja por retardo de Justicia» que presentó Memoria Activa por la demora de más de cinco años en resolver las acusaciones contra ex secretarios del ex juez Juan José Galeano por el supuesto armado de pistas falsas sobre el atentado contra la AMIA.
La Cámara, con otros jueces, le había ordenado al juez Sebastián Ramos que resolviera las situaciones procesales en 2016 y ello aún no ocurrió.
Aquella era una Sala Ad Hoc, integrada por camaristas del fuero penal ordinario porque los federales estaban excusados o recusados, pero con el paso del tiempo fueron designados jueces titulares de Comodoro Py que, ahora, determinaron que pese al excesivo paso del tiempo «no se evidencia inactividad en el trámite que lleva a cabo el magistrado».
Para el camarista Mariano Llorens, «el trámite impreso al expediente no refleja la señalada inactividad, sino que se relaciona con la complejidad de la causa y el análisis de la cuantiosa prueba colectada».
Memoria Activa, a través de sus representantes Adriana Reisfeld, Diana Wassner y Jorge Lew, y el abogado Rodrigo Borda, pidió reiteradamente desde 2016 que se resolviera la situación procesal de los ex secretarios Susana Spina, Carlos Velasco, José Pereyra y Javier De Gamas.
Los cuatro están sospechados de haber participado en la maniobra para implicar en el atentado contra la AMIA a un grupo de policías bonaerenses, por el cual fue condenado el ex juez Galeano. La Cámara, con su formación actual, aceptó la explicación del juez Ramos, quien sostuvo –entre otras razones- que «la prueba se encontraba en formato papel y la pandemia dificultó su acceso».
Además, indicó que la condena contra Galeano no está firme y aseguró que está «en una etapa final de análisis por lo que se le imprimirá celeridad y se readecuarán al máximo los recursos humanos disponibles» para resolver la situación.
Pese a rechazar el planteo de Memoria Activa, la Cámara exhortó a Ramos «a que resuelva la cuestión en un tiempo óptimo» y ponderó que «una administración eficaz» es «el compromiso de los tribunales».
«No se trata sólo de resolver rápido sino, además, de hacerlo bien. Una respuesta pronta, en la que todas las garantías se vean representadas y la verdad honrada, es la real misión que se nos ha asignado», dijo el juez Llorens. La decisión sobre los ex secretarios de Galeano está pendiente desde el 17 de mayo de 2016.
El camarista Roberto Boico coincidió en el rechazo de la queja, pero ordenó al juez de primera instancia que «transite los pasos pendientes con la máxima celeridad al alcance, a efectos de no dilatar indebidamente –en perjuicio de todos los intereses legítimos en juego- la resolución, por los canales adecuados, de las situaciones de los implicados».
«La pretensión de la querella, dado el tiempo transcurrido, requiere de máxima atención y de una respuesta que contemple, en tiempo y forma, los diversos intereses en juego», resumió.
